El homicidio de la subteniente María Camila Mora dentro del Cantón Norte, en Bogotá, sigue dejando serios cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad del Ejército Nacional. El abogado de la familia de la oficial asesinada denunció inconsistencias en los controles internos de la instalación militar y la presencia de armas sin salvoconducto en poder del capitán Pablo Masmela, señalado como el responsable del crimen.
El caso tomó mayor relevancia luego de que las autoridades encontraran dos armas no oficiales en la habitación del capitán Masmela, además del arma utilizada en el ataque, lo que abrió interrogantes sobre el control de armamento dentro de una de las guarniciones más importantes del país.
Según los primeros reportes, el crimen ocurrió en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, ubicada dentro del Cantón Norte. De acuerdo con información de Caracol Noticias, la subteniente Mora había viajado desde Tolemaida para asistir a un concierto en Bogotá y al momento del ataque se encontraba dentro de un vehículo junto al capitán Masmela y otra subteniente.
La reconstrucción preliminar señala que el capitán citó a la subteniente dentro del automóvil y, tras una discusión, le disparó en al menos cinco ocasiones antes de quitarse la vida. Personal militar acudió luego de escuchar múltiples detonaciones y notificó a la Policía Metropolitana de Bogotá, que confirmó el fallecimiento de ambos oficiales.
El comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, informó que el arma utilizada fue encontrada dentro del vehículo. Sin embargo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía hallaron posteriormente otras dos armas en la habitación del capitán dentro de la instalación militar.
Cardozo indicó que estas armas no pertenecían a la dotación oficial del uniformado, por lo que se adelantan procesos de rastreo para establecer su procedencia y legalidad.
“No había armas oficiales ni salvoconducto”
Durante la velación de la subteniente, realizada el sábado 29 de noviembre en el Cantón Norte, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leiva, ofreció declaraciones a RTVC en las que denunció fallas estructurales en seguridad.
“El Ejército ha reconocido posibles errores en los protocolos de seguridad”, afirmó Leiva, quien además exigió respeto por la memoria de la oficial fallecida y pidió que no se empañe su trayectoria dentro de la institución.
“La familia ha pedido que no se mancille el nombre de una gran mujer, pionera en el manejo de sistemas aéreos no tripulados en Colombia”, afirmó el abogado.
Uno de los puntos más delicados fue la presencia de armas ilegales dentro del Cantón Norte. “No hay ningún arma de las que participaron en este hecho que fuera de dotación oficial, y tampoco tenían salvoconducto”, aseguró.
La denuncia elevó el debate sobre la seguridad interna de una guarnición militar altamente custodiada. “Si no se está seguro dentro de un estamento armado como este, ¿en dónde se está?”, cuestionó Leiva.
Vía civil contra el Estado
Aunque el proceso penal se extingue con la muerte del presunto responsable, el abogado anunció que la familia acudirá a la jurisdicción civil y contencioso-administrativa.
“Habrá responsabilidades que deberán establecerse por parte del Estado colombiano. Existen pruebas que serán trasladadas y analizadas”, explicó.
Además, la familia solicitó que los recursos derivados del caso, como seguros e indemnizaciones, sean destinados a crear un reconocimiento institucional con el nombre de la oficial.
“Queremos que exista una condecoración a la mujer militar en Colombia que lleve el nombre de María Camila”, concluyó el representante legal.
