Una nueva investigación de la Fiscalía General de la Nación ha destapado un escándalo de corrupción en el corazón de la Policía Nacional. Fabián Andrés Cuestas Beltrán, subintendente de la institución y quien fungiera como escolta de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue capturado en Bogotá y judicializado por su supuesta vinculación con una red ilegal dedicada al tráfico de armas.
Según la Fiscalía, Cuestas habría aprovechado su posición en la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) para desviar armamento, municiones y accesorios desde las instalaciones oficiales. El organismo investigador reveló que incluso utilizó vehículos oficiales —asignados a la seguridad de altos funcionarios del Estado— para movilizar el material bélico, en una operación que compromete también a otros uniformados, tanto activos como retirados.
El caso, denominado Operación Ares, ha destapado un entramado que incluye presuntos contactos con altos mandos de la Policía, en lo que las autoridades califican como una organización criminal estructurada que operaba desde dentro de la institución encargada de velar por la seguridad de los colombianos.
Uno de los momentos clave de la investigación se produjo en enero de 2025, cuando Cuestas fue detenido en un retén policial en Guasca, Cundinamarca, con munición cuyo origen no pudo justificar. A raíz de este incidente, las autoridades interceptaron llamadas en las que el ahora capturado intentaba comunicarse con oficiales de alto rango —incluso un general— con el aparente objetivo de detener el procedimiento en su contra.
Las pesquisas posteriores revelaron movimientos sospechosos de armamento en vehículos oficiales y entregas en locales comerciales de Bogotá. El material desviado presuntamente era modificado para cambiar su apariencia y vendido de manera clandestina a civiles, organizaciones privadas y empresas de seguridad, según explicó la Fiscalía.
“Estas personas se habrían articulado para extraer armas y cartuchos de diferentes calibres de las instalaciones oficiales y comercializarlas; modificar pistolas, revólveres, rifles y accesorios de diferente índole, o alterar los registros del armamento y la munición que les confiaban particulares”, explicó el ente acusador en un comunicado.
Los cargos imputados a Cuestas y sus supuestos cómplices incluyen concierto para delinquir, tráfico de armas y uso indebido de insignias. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Por ahora, permanecerán en centros de reclusión mientras avanza el proceso judicial.
Frente al escándalo, Marta Lucía Ramírez manifestó desconocer cualquier actividad ilegal por parte de su exescolta, quien formó parte de su esquema de seguridad durante su periodo como vicepresidenta (2018–2022).
La Operación Ares sigue su curso y podría derivar en más capturas e implicaciones dentro de la fuerza pública, en un caso que vuelve a poner en entredicho la integridad de algunos sectores de la Policía Nacional.
