La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder documentación contractual relacionada con la adjudicación de servicios de maquillaje y fotografía que, según denuncias conocidas en las últimas horas, habrían estado vinculados a la agenda de Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro. El caso apunta a un modelo de contratación en el que RTVC —el sistema de medios públicos— habría suscrito convenios bajo la modalidad de “administración delegada” con una cooperativa intermediaria, que luego subcontrataba a los proveedores finales, un diseño que, de acuerdo con el denunciante, reduciría la trazabilidad y los controles del gasto.
De acuerdo con lo reportado por Infobae y Semana, los beneficiarios mencionados en los documentos son Fady Javier Flórez (maquillador) y Mauricio Vélez (fotógrafo), quienes habrían recibido, respectivamente, al menos cinco y siete vinculaciones contractuales a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi). La suma total referida por esos informes bordea los $23.000 millones, con contratos sucesivos desde 2022 y montos parciales que incluyen acuerdos por miles de millones en 2023 y 2024.
El mecanismo descrito es clave para la investigación. Según la denuncia, RTVC no habría contratado de forma directa a los profesionales, sino que firmaba con la cooperativa Savi y esta, a su vez, ejecutaba la vinculación de terceros. La tesis del denunciante —el profesor Juan Carlos Portilla, presentado en los reportes como experto en crimen financiero— es que este tipo de “intermediación” facilitaría el direccionamiento de recursos hacia personas específicas, al diluir la competencia y desplazar responsabilidades operativas a un tercero.
RTVC, por su parte, ha sostenido —según Semana— que su vínculo contractual fue con la cooperativa dentro del esquema de administración delegada, y que la participación de las personas mencionadas se habría dado “en el marco” de esos contratos, no mediante contratación directa con el sistema de medios públicos.
La Fiscalía, según lo reportado, revisa no solo el “cómo” se contrataron los servicios, sino el rol del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en convenios interadministrativos que habrían servido de marco para que RTVC ejecutara la operación y la cooperativa asumiera la administración delegada. La investigación también se cruza con el debate sobre el alcance de la figura de “gestora social” y su eventual uso para tramitar apoyos logísticos o de imagen asociados a actividades oficiales.
Aunque el expediente está en fase de indagación y las afirmaciones centrales provienen de reportes periodísticos y de la denuncia, el caso reabre una discusión ya conocida en torno a la contratación vía cooperativas y a la forma en que entidades estatales tercerizan la ejecución para acelerar procesos, con el riesgo de debilitar controles, trazabilidad y transparencia. En paralelo, el avance dependerá de lo que la Fiscalía logre establecer sobre selección de proveedores, soportes técnicos, necesidad del servicio, supervisión, entregables y cadena de aprobaciones.
