La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) pidió a las compañías hacer esfuerzos para mantener las condiciones salariales que ya vienen pagando a sus trabajadores, pese a la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026. El pronunciamiento, liderado por Bruce Mac Master, se produce en medio del limbo regulatorio abierto por la decisión del Consejo de Estado y mientras el Gobierno prepara un nuevo decreto transitorio en el plazo ordenado por el alto tribunal.
Mac Master enfocó su mensaje en tres frentes. Primero, cuestionó el sustento técnico del incremento (23,78%) y el procedimiento, señalando que la controversia deja “interrogantes” sobre si el Ejecutivo podía tomar una decisión de esa magnitud sin respaldo técnico suficiente y “contradiciendo” lo discutido en la Mesa de Concertación. Segundo, planteó que el debate de fondo también toca la definición del salario mínimo —incluida la discusión entre “salario mínimo vital” y el esquema ordinario— y que esa conversación debe basarse en reglas claras y material técnico disponible.
Pero el punto más sensible para el gremio fue el efecto inmediato sobre quienes ya recibieron el aumento desde enero. El presidente de la Andi señaló que el foco ahora es qué ocurrirá con los trabajadores que ya tienen una “condición” salarial vigente y sostuvo que el sector privado debería “hacer todo el esfuerzo por mantener” esos pagos mientras se define la nueva regulación. En esa línea, explicó que el gremio ha llamado a las empresas a preservar, en la medida de lo posible, los salarios ya ajustados, independientemente del porcentaje que termine fijándose en los próximos días.
El dirigente, sin embargo, advirtió que el incremento decretado —y la incertidumbre jurídica posterior— trae costos que el país tendrá que “controlar” y “mitigar”, especialmente en inflación, empleo e informalidad. La lectura empresarial apunta a que un ajuste alto puede trasladarse a precios y a decisiones de contratación, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas y medianas empresas, un argumento que ha estado presente desde que estalló la controversia por el decreto.
El trasfondo sigue siendo el mismo: el Consejo de Estado suspendió de manera cautelar el decreto del salario mínimo y ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto transitorio ajustado estrictamente a criterios legales y técnicos. En plena campaña legislativa, el tema se convirtió en un nuevo eje de disputa: el Gobierno insiste en que el aumento debe sostenerse y que “lo social” está en juego; los gremios reclaman seguridad jurídica y reglas previsibles para evitar que el mercado laboral absorba el golpe vía precios, informalidad o menor contratación
