Gobierno busca acuerdos para mitigar impacto del alza en los peajes: Ministra de Transporte cita a la ANI y concesionarios

El incremento en las tarifas de peajes, oficializado mediante decreto, ha generado tensiones y protestas en diversas regiones del país. La ministra de Transporte, María Constanza García, anuncia reuniones clave para buscar soluciones.

El Ministerio de Transporte ha convocado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a los concesionarios viales a una reunión este martes 7 de enero, con el fin de revisar y posiblemente renegociar los recientes aumentos en las tarifas de peajes en Colombia. La ministra María Constanza García aseguró que el Gobierno está comprometido en mitigar el impacto que estos incrementos tienen en el bolsillo de los colombianos.

El decreto, firmado el pasado 31 de diciembre, autoriza a las concesionarias a ajustar las tarifas durante los primeros cuatro meses de 2025. Sin embargo, las medidas han generado rechazo en distintos sectores del país, donde se han registrado protestas y actos de desobediencia civil, como lo ocurrido en la vía Tunja-Bucaramanga a la altura de Arcabuco, donde cientos de vehículos cruzaron el peaje sin realizar el pago correspondiente.

Ante esta situación, la ministra García afirmó: “Durante los últimos meses la ANI mantuvo reuniones con los concesionarios para encontrar alternativas ante el incremento contractual. Este martes citaré a la ANI y concesionarios para evaluar y tomar decisiones al respecto”.

La reunión se llevará a cabo en medio de un ambiente tenso debido a la amenaza de un paro nacional de camioneros, programado para iniciar en la medianoche del 6 de enero. Este movimiento coincide con una de las fechas de mayor movilización vehicular en el país, donde se estima que más de cinco millones de automóviles estarán en las vías nacionales.

Causas y justificación del incremento

La ministra García explicó que el aumento en las tarifas tiene su origen en decisiones adoptadas por administraciones pasadas y en los efectos económicos derivados de la pandemia de COVID-19. Según la funcionaria, el ajuste tarifario responde a compromisos contractuales con las concesionarias y a la necesidad de cubrir los déficits generados por la inflación de años anteriores.

“Desde que llegamos al Gobierno hemos enfrentado la complejidad alrededor de esta fuente de ingreso de las carreteras, por el valor de las tarifas, cantidad de peajes y/o ubicación”, señaló García.

El alza se realizará en dos fases: un primer incremento del 2,78% correspondiente al IPC de 2023, efectivo desde el 1 de enero, y un segundo ajuste del 1,85% previsto para abril. A esto se sumará el porcentaje correspondiente a la inflación de 2024, cuyo valor será determinado por el DANE.

Reacciones y críticas

El aumento ha generado una ola de críticas entre conductores, transportadores y ciudadanos en general. Un ejemplo emblemático es el peaje Los Andes, en la Autopista Norte de Bogotá, donde la tarifa para vehículos particulares pasó de 11.600 pesos a 15.400 pesos, un aumento del 30%.

Asimismo, otras regiones como Antioquia, Meta y la Costa Caribe han experimentado incrementos significativos, lo que ha intensificado las demandas de transparencia y justicia en la implementación de estos ajustes.

Perspectivas futuras

La ministra defendió la medida argumentando que se basa en un cronograma previamente definido con la ANI y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Además, señaló que el incremento es necesario para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura vial y el cumplimiento de los contratos con los concesionarios.

“La decisión que tomamos está soportada en la suma de realidades que se vivieron en 2024: una alta conflictividad social alrededor de algunos peajes, los incrementos del diésel y un ajuste en el costo del transporte de carga por actualización de variables que generó un incremento del 14%”, puntualizó García.

El país permanece atento a los resultados de la reunión del 7 de enero, donde se espera que se planteen alternativas que equilibren las necesidades financieras de las concesionarias con el bienestar económico de los usuarios de las vías nacionales.

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