La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia interpuso ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, a quienes señala de presuntas irregularidades relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La acción judicial fue presentada por el abogado Pablo Bustos, quien solicitó la máxima sanción para los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como para los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
Según el documento, los congresistas habrían incurrido en tráfico de influencias, violación del régimen de incompatibilidades y presuntas gestiones irregulares para la obtención de contratos y cargos dentro de la Ungrd, a cambio de apoyo a reformas clave del Gobierno nacional y a la aprobación de operaciones de crédito público en el Congreso.
La demanda se sustenta, en parte, en las declaraciones rendidas ante la Fiscalía por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes habrían revelado supuestos acuerdos para direccionar contratos millonarios en distintas regiones del país.
La Red de Veedurías advirtió además que varios de los parlamentarios señalados ya son objeto de investigaciones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, bajo presuntos delitos como cohecho impropio, y que algunos procesos avanzan con base en principios de oportunidad y preacuerdos suscritos por exfuncionarios del Gobierno.
Ahora será el Consejo de Estado el encargado de decidir si admite la demanda para su estudio. De prosperar, el proceso podría derivar en la pérdida de investidura, sanción que implica la salida inmediata del Congreso y la inhabilidad política.
Avanza el trámite judicial de exministros salpicados en el caso
En un hecho relacionado con el mismo escándalo, la magistrada Catalina Guerrero Rosas, del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró incompetente para resolver la apelación presentada por las defensas de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes enfrentan procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción que involucran a la Ungrd y al Invías.
El expediente fue remitido al magistrado Ramiro Riaño Riaño, quien deberá definir si asume la ponencia del caso. La apelación busca revocar la medida de reclusión en prisión, al considerar que se vulneró el debido proceso, ya que —según las defensas— ni la Fiscalía ni las víctimas solicitaron la privación de la libertad.
Mientras se resuelve la competencia, Bonilla permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, y Velasco en la Escuela de Carabineros, en Cali. El caso sigue sumando capítulos en uno de los mayores escándalos de corrupción que sacuden al actual panorama político del país.
