La Corte Constitucional de Colombia ha marcado un hito en la lucha por la igualdad de género en el sistema pensional del país. A través de la sentencia C-054 de 2024, el Alto Tribunal ha dictaminado una modificación significativa en la garantía de pensión mínima para las mujeres dentro de los fondos privados de pensiones, destacando una notable disminución en el número de semanas de cotización requeridas, de 1.150 a 1.000 semanas.
Este cambio surge como respuesta a la evidente vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, quienes, debido a las condiciones estructurales de discriminación en el mercado laboral, enfrentan mayores obstáculos para cumplir con las cotizaciones necesarias bajo el esquema actual. La Corte ha reconocido que las mismas exigencias impuestas a los hombres ignoran las desigualdades históricas y los desafíos específicos que las mujeres enfrentan, afectando su derecho a la igualdad, no discriminación, seguridad social y mínimo vital.
La decisión llega tras un análisis profundo sobre cómo las normativas actuales no solo perpetúan la desigualdad de género sino que también contradicen el principio de solidaridad del régimen de ahorro individual (RAIS) y la estabilidad financiera del sistema pensional. Al equiparar las condiciones sin considerar el contexto y las barreras específicas que enfrentan las mujeres, la normativa previa fallaba en ofrecer una protección real y efectiva a sus derechos fundamentales.
La Corte, al emitir este fallo, no solo ha corregido una injusticia largamente sostenida sino que también ha establecido un precedente para futuras políticas y reformas. La sentencia subraya la necesidad de adoptar un enfoque de género en las políticas de seguridad social, reconociendo y compensando las desigualdades estructurales que limitan la participación de las mujeres en igualdad de condiciones.
Recordemos que en junio del 2023 La Corte Constitucional había resuelto que, a partir del 1 de enero, se disminuirían gradualmente el tiempo mínimo exigido de 1.300 semanas para mujeres en los fondos públicos hasta llegar a 1.000 semanas. Pero no era una sentencia que obligara a las AFP privadas a realizarlo. Por lo que este fallo es consecuente con el del año pasado.
Este cambio regulatorio no será inmediato. La Corte ha diferido los efectos de esta sentencia hasta el 31 de diciembre de 2025, proporcionando un plazo al Congreso para ajustar la legislación correspondiente. A partir del 1° de enero de 2026, si no se han realizado ajustes legislativos, se implementará una reducción anual de 15 semanas en la cotización requerida para la pensión mínima en fondos privados, hasta alcanzar las 1.000 semanas estipuladas.
Este fallo no solo beneficia a las mujeres trabajadoras del país, ofreciéndoles un camino más accesible hacia la seguridad en la vejez, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la importancia de la igualdad de género en todos los aspectos de la política y la ley. La Corte ha instado al Congreso a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para implementar medidas afirmativas que aborden y mitiguen las condiciones adversas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.
En medio del debate sobre la reforma pensional en el Congreso, que ya contempla una reducción gradual en el número de semanas de cotización para las mujeres, este fallo refuerza la urgencia y la necesidad de políticas más inclusivas y equitativas. Es un llamado a reconocer las desigualdades y a actuar decididamente para eliminarlas, asegurando que el sistema pensional colombiano proteja y sirva equitativamente a todos sus ciudadanos.
