La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, fue acusada formalmente este martes por la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos de corrupción relacionados con la celebración irregular de 104 contratos durante los últimos días de su gestión. Los hechos, según la Fiscalía General de la Nación, ocurrieron entre el 2 y el 6 de marzo de 2023, justo después de que el presidente Gustavo Petro solicitara su renuncia.
Durante la audiencia de acusación, el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas declaró formalmente acusada a la exfuncionaria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo. La Fiscalía sostiene que Urrutia, tras ser notificada de su salida del Ministerio, ordenó la terminación anticipada de 104 contratos de prestación de servicios que estaban vigentes y, en cuestión de días, suscribió nuevamente contratos con los mismos beneficiarios, esta vez hasta diciembre de 2023.
El fiscal del caso argumentó que esos contratos fueron firmados sin cumplir los requisitos legales establecidos: no se justificó la necesidad de los servicios, no se certificó la falta de personal de planta y se usaron documentos desactualizados relacionados con el sistema de seguridad social. Según el ente acusador, la intención habría sido garantizar la permanencia de personas cercanas a Urrutia más allá de su salida del cargo.
En la audiencia, el abogado defensor, Héctor Castro Portillo, anunció que no interpondrán recursos contra el escrito de acusación. “No se advierte causal alguna de nulidad o impedimento”, declaró.
Urrutia, quien fue declarada insubsistente por el presidente Petro el 7 de marzo de 2023, había manifestado su disposición a asumir las decisiones judiciales que se tomaran en su contra: “Estoy dispuesta a lo que esta Sala determine y vamos a trabajar en el tema”, aseguró en declaraciones anteriores.
Las partes deberán ahora preparar la etapa de juicio, en la que se evaluarán las pruebas y testimonios recogidos durante la investigación. La exministra, medallista olímpica y primera mujer afrocolombiana en ocupar una cartera ministerial en Colombia, enfrenta un proceso judicial que podría marcar un precedente en la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos en el deporte nacional.
