La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador José Vicente Carreño Castro, del partido Centro Democrático, por el presunto delito de tráfico de influencias. La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción luego de recibir una denuncia del subdirector de la Policía Nacional, general Nicolás Zapata, quien alertó sobre un intento de soborno que involucraría a un asesor del congresista.
Según la denuncia, el asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Carreño habría intentado direccionar un contrato estatal relacionado con pólizas de seguros para miembros de la Policía, beneficiando a una Unión Temporal a cambio de favores económicos. El general Zapata puso en conocimiento de las autoridades el ofrecimiento de inmediato.
Aunque el senador ha negado tener relación directa con los hechos y ha defendido a su equipo de trabajo, la Corte decidió asumir el caso por tratarse de un congresista aforado. “Yo le creo a mi asesor, no soy juez para determinar su culpabilidad”, afirmó Carreño en entrevista con W Radio, insistiendo en que confía en el actuar imparcial de la justicia.
Este proceso se suma a otra investigación en curso contra el mismo legislador, relacionada con presuntos vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Arauca. La Corte ya había citado a Carreño a rendir versión libre por su supuesta participación en hechos ocurridos en 2003, cuando era agente de Policía. De acuerdo con testimonios recogidos en procesos de Justicia y Paz, el hoy senador habría facilitado el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca, una estructura armada responsable de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad en la región.
Uno de los hechos bajo investigación es la desaparición forzada de Alejandro Santiesteban Alarcón, ocurrida en Tame, Arauca, en el marco de la expansión paramilitar en esa zona. La gravedad de estos delitos, por su carácter de lesa humanidad, implica que no prescriben.
La Corte Suprema deberá ahora adelantar la práctica de pruebas y la recolección de testimonios para determinar la responsabilidad penal de Carreño en ambos casos. Por ahora, ni el senador ni su partido han emitido un pronunciamiento oficial sobre las investigaciones, que podrían tener serias consecuencias legales y políticas.
La doble investigación pone en jaque la permanencia de José Vicente Carreño en el Congreso y deja en evidencia los cuestionamientos que pesan sobre algunos sectores del poder legislativo colombiano.
