El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió de nuevo la operación militar realizada esta semana en el departamento del Guaviare, donde murieron 20 integrantes de las disidencias de las FARC, incluidos siete menores de edad. El mandatario negó haber violado el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y calificó de “infundadas” las críticas que lo comparan con los bombardeos en Gaza y con los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe.
En mensajes publicados en su cuenta de X, Petro sostuvo que en Gaza y en los operativos estadounidenses en el Caribe “se ha bombardeado solo a civiles desarmados” empleando armamento “mucho más letal” que el utilizado por las Fuerzas Militares colombianas, por lo que, según él, la operación en Guaviare “no es comparable”.
El jefe de Estado rechazó haber roto con el principio de distinción del DIH sobre el menor combatiente. Según su versión, en la zona del ataque contra las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados de Colombia, no había población civil sino únicamente combatientes armados “en plena ofensiva”, y el Ejército no tenía información sobre la presencia de menores en el campamento.
La polémica aumentó cuando la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal confirmaron la muerte de cuatro niñas y tres niños en el operativo. Las críticas de la oposición se intensificaron, al considerar que existe una contradicción entre las posiciones de Petro frente a la guerra en Gaza y las acciones de su gobierno en el territorio nacional.
El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) cuestionó al mandatario y afirmó en redes sociales que no existe diferencia entre los siete menores muertos en Guaviare, los civiles fallecidos por el fuego israelí en Gaza y las víctimas de las lanchas hundidas por la flota naval de Estados Unidos en el Caribe venezolano. Samper añadió que los bombardeos indiscriminados, sin evaluar previamente los posibles daños a la población civil, especialmente cuando hay niños, están absolutamente prohibidos por el DIH.
Pese a las críticas, Petro reiteró que la operación cumplió con las normas humanitarias y advirtió que quienes lo cuestionan están en una “posición equivocada” que podría facilitar el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. Señaló además que, en tres años de gobierno, ha recurrido al bombardeo como “opción letal mayor” en 12 ocasiones.
Por su parte, la Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su “profunda preocupación” por la muerte de los siete menores, aunque también responsabilizó a los grupos armados de usar a niños, niñas y adolescentes como “escudos humanos” y vincularlos a sus estructuras.
En el Congreso, una congresista anunció que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, por su responsabilidad política en el operativo. El ministro defendió la actuación de la Fuerza Pública y sostuvo que el estatus de combatiente no depende de la edad, sino de la función que una persona cumple dentro de una organización criminal, lo que generó nuevas críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos en DIH.
