Con el inicio de la cuarta y última legislatura del Congreso bajo su mandato, el presidente Gustavo Petro se juega su última carta para consolidar su ambiciosa agenda de reformas. A un año de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, el Gobierno enfrenta un complejo panorama político en el que la reforma a la salud, la ley de sometimiento para la paz total, el Presupuesto General de la Nación y una nueva ley de financiamiento se perfilan como sus principales prioridades.
Este nuevo periodo legislativo llega marcado por el desgaste de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente en el Senado, donde Petro ha denunciado un “bloqueo institucional” que ha frustrado varias de sus iniciativas. La tensión alcanzó su punto máximo con el saliente presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, a quien el mandatario llamó “Hp”, alegando después que se refería a “Honorable parlamentario”, luego de que este contribuyera al hundimiento del presupuesto de 2025 y de la ley de financiamiento.
Las apuestas del Gobierno
La reforma a la salud, pieza clave del programa de reformas sociales de Petro, aún debe superar dos debates en la Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno no cuenta con mayorías. Tras el fracaso de la versión impulsada por la exministra Carolina Corcho y la caída de la reforma laboral, esta es probablemente la última oportunidad para avanzar en el rediseño del sistema de salud.
En materia de paz, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentará este domingo la nueva ley de sometimiento para la paz total, con la que se busca crear un marco jurídico para la entrega y desarticulación de grupos armados como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y bandas criminales. La propuesta ya genera polémica, al contemplar penas reducidas de entre cinco y ocho años, así como la legalización del 12% de los bienes ilícitos de los cabecillas.
Desde lo económico, el Ejecutivo apostará por un Presupuesto General para 2026 estimado en $534,7 billones, el más alto en la historia reciente del país, con foco en la inversión social. A esto se suma la intención de presentar una nueva ley de financiamiento para garantizar los recursos necesarios, aunque se anticipa que cualquier intento de reforma tributaria podría enfrentar fuerte resistencia en plena campaña electoral.
Un Congreso fragmentado y en modo electoral
El ambiente en el Capitolio Nacional se anticipa lento y más político que legislativo, dada la proximidad de las elecciones de 2026. El ritmo de las sesiones podría disminuir y proyectos con alto costo político podrían quedarse en el tintero.
Sin embargo, el Gobierno aún conserva músculo en la Cámara de Representantes, donde ha logrado mantener una mayoría gracias a acuerdos burocráticos, y donde el nuevo presidente será Julián López, del Partido de la U, cercano al oficialismo. En contraste, en el Senado asumirá Lidio García, del Partido Liberal, quien aunque no es un opositor abierto, responde a las líneas del expresidente César Gaviria, crítico del Gobierno.
Otros temas clave
También estará en juego la elección del reemplazo de José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, un asunto vital para el futuro de la reforma pensional, que fue devuelta por vicios de trámite. La Corte deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad de fondo en los próximos meses.
En el tintero legislativo están además la ley ordinaria de jurisdicción agraria, eje de la reforma rural, y una posible reforma a los servicios públicos. En cuanto a las presidencias de comisiones clave, el Gobierno mantendría influencia en la Comisión Primera de la Cámara con Alirio Uribe (Pacto Histórico) y en varias comisiones económicas, mientras que la Comisión Séptima del Senado, que debate la reforma a la salud, podría quedar en manos del partido Comunes o el liberal Miguel Ángel Pinto.
Así arranca el último asalto legislativo de Gustavo Petro. En medio de tensiones, campañas y cuentas regresivas, el futuro de sus reformas está en juego.
