Más de medio siglo después de la desaparición forzada del sacerdote colombiano Héctor Gallego, un tribunal panameño ordenó este jueves el ingreso a prisión de un exmilitar condenado por su homicidio, cerrando así un largo capítulo de impunidad en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar panameña.
Durante una audiencia celebrada en la provincia de Veraguas, un juez rechazó la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa del exteniente Eugenio Nelson Magallón Romero, de más de 90 años, y ordenó su traslado inmediato a un centro penitenciario. Magallón Romero había permanecido prófugo por más de 30 años tras ser condenado en 1994 a 15 años de prisión por homicidio doloso agravado en perjuicio del padre Gallego.
La decisión judicial se fundamenta en una norma penal que impide sustituir la pena privativa de libertad en casos relacionados con delitos de lesa humanidad o desaparición forzada, según explicó un comunicado del Órgano Judicial.
El sacerdote Héctor Gallego, originario del departamento colombiano de Antioquia, desapareció el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, Veraguas, durante el régimen del general Omar Torrijos. Gallego había llegado a Panamá con una misión pastoral centrada en la dignificación de los campesinos explotados, una labor que rápidamente despertó recelo entre los terratenientes locales, algunos de ellos allegados al poder militar de entonces.
En 1993, un jurado de conciencia halló culpables a tres oficiales del régimen por la desaparición del sacerdote: el excoronel Nivaldo Madriñán, el excapitán Melbourne Constantino Walker Nevans y el exteniente Magallón Romero. Este último logró evadir la justicia hasta su captura a inicios de mayo de este año por la Policía Nacional.
La Fiscalía General de Panamá reabrió la investigación en diciembre pasado, en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado panameño a continuar con la búsqueda de los restos del sacerdote y garantizar justicia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el caso sigue vigente hasta que se aclare completamente el paradero de Gallego.
Héctor Gallego figura entre las 110 víctimas reconocidas por la Comisión de la Verdad que documentó las atrocidades cometidas durante la dictadura (1968–1989). No obstante, organizaciones de derechos humanos aseguran que el número real de desaparecidos podría ser mucho mayor.
Con esta decisión judicial, Panamá reafirma su compromiso con la memoria, la justicia y la verdad, en un caso que sigue siendo símbolo de lucha por los derechos humanos en América Latina.
