La corrupción suele considerase como un problema abstracto, lejano o exclusivo de los grandes escándalos nacionales. Sin embargo, sus efectos más graves se sienten en los territorios, donde los recursos públicos son escasos y las instituciones más frágiles. El reciente Tercer Balance de la acción pública anticorrupción del Gobierno Nacional, presentado por Transparencia por Colombia, entidad que junto con nuestra Corporación VIGÍA Cívica, hace parte del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, MCA; deja un mensaje inquietante que debería interpelar de manera directa a departamentos como Risaralda y a ciudades como Pereira: el país sigue sin una estrategia sólida, coherente y eficaz para enfrentar estructuralmente la corrupción.
Tras tres años de gobierno, la lucha anticorrupción se ha quedado en acciones parciales, desarticuladas y de bajo impacto, lejanas al discurso de la campaña presidencial. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, llamada a ser el eje articulador de las políticas públicas en esta materia, terminó reducida a iniciativas dispersas, sin metas claras ni indicadores que permitan medir resultados reales.
En los municipios de Risaralda, donde la ciudadanía observa con creciente preocupación decisiones opacas, contratación poco transparente y débiles controles institucionales, este diagnóstico nacional no puede leerse con distancia, pues la corrupción no se expresa únicamente en grandes desfalcos; también se manifiesta en la mala ejecución de obras, en la tercerización excesiva, en el uso de fiducias que dificultan el control ciudadano y en la precariedad de los canales de denuncia. Todo ello afecta directamente la calidad de vida en nuestros municipios.
Uno de los aspectos más críticos señalados por Transparencia por Colombia es la debilidad del control interno y la falta de protección efectiva a los denunciantes. En los territorios, denunciar sigue siendo un acto de alto riesgo. Sin garantías reales de anonimato, seguimiento y protección frente a represalias, el silencio termina siendo la opción más segura y así, las redes de corrupción se mantienen intactas, mientras la ciudadanía pierde confianza en las instituciones.
El informe también insiste en la necesidad de fortalecer el control sobre los recursos públicos, especialmente aquellos ejecutados mediante mecanismos especiales. Este punto resulta particularmente sensible para Pereira y Risaralda, donde la contratación y la ejecución presupuestal deberían estar bajo un escrutinio permanente, no solo de los entes de control, sino de la ciudadanía organizada.
La lucha contra la corrupción no se ganará con discursos ni con señalamientos aislados. Requiere liderazgo político, instituciones sólidas y, sobre todo, una ciudadanía activa que exija transparencia, rendición de cuentas y respeto por lo público. En un contexto de debilidad nacional, el reto en Risaralda es: o se fortalece el control social y la vigilancia ciudadana, o la corrupción seguirá erosionando los fondos públicos y apropiándose de la democracia local.
