Mi 2025 fue un año de movilización y pedagogía virtual intensa, de aprendizajes técnicos, de conversaciones difíciles, de silencios que pesan y de ausencias que liberan. Un año en el que nuevamente confirmé que alzar la voz en Colombia tiene un costo personal, emocional y económico ignorado. Sin embargo tener la convicción de estar en el camino correcto con causas justas y honestas que aunque generan riesgos, dan propósito, es la motivación suficiente para continuar.
Este año dejó claro que las causas que siempre he defendido – Anticorrupción, No Más Abuso de Peajes y bajar el salario de los congresistas— suelen ser tratadas por algunos sectores como temas menores, superficiales o incluso “populistas”. Esa lectura es cómoda para quienes se benefician y basan su nivel de vida en el modelo actual. Son causas que incomódan a muchos, incluso a los círculos más cercanos. En realidad, estos temas no son anecdóticos: son la puerta de entrada para entender cómo funciona una estructura diseñada para proteger a quienes se enriquecen de ella, mientras las comunidades cargan con los costos. Son la evidencia de un sistema donde las pérdidas se democratizan y los beneficios se privatizan.
Los peajes no son solo una tarifa. Son un mecanismo que ha profundizado desigualdades territoriales, que ha consolidado la captura privada de decisiones públicas y que ha convertido la movilidad en un privilegio. Y los salarios del Congreso no son solo una cifra. Son el símbolo de la desconexión y desproporción entre quienes legislan y quienes se ganan un salario mínimo.
Este año también dejó al descubierto el poco compromiso de los congresistas que buscan su reelección y que en su momento llegaron al poder liderando las causas que siguen vigentes: anticorrupción, infraestructura vial y justicia salarial. La consulta anticorrupción de 2018 fue olvidada y el referendo antiprivilegios de los congresistas fue ignorado. La Comisión Sexta de Senado y Cámara, que debería ser el espacio más técnico y riguroso en tema concesiones, INVÍAS y peajes, mantuvo la desconexión -¿intencional?- entre la realidad de los usuarios de las vías y los debates liderados.
En el escenario presidencial, la ausencia de propuestas claras para construir un modelo más justo de financiación vial fue evidente. Se habló de competitividad, de crecimiento, de grandes obras, pero casi nadie se atrevió a cuestionar más allá del discurso, el corazón del problema: un sistema de concesión que aísla con peajes a las regiones y se sostiene sobre la opacidad y la falta de control ciudadano.
Aun así, este año también me mostró algo valioso: que las comunidades están despertando. Que la gente entiende cada vez más que estos temas no son sólo técnicos ni lejanos, sino profundamente cotidianos. Que detrás de cada peaje injusto hay una historia, un territorio, una familia que paga más de lo que debería. Que detrás de cada salario desproporcionado hay una brecha que se ahonda.
Cierro este año con una mezcla de cansancio y determinación. Cansancio porque el camino ha sido duro, de resistencias y puertas cerradas. Determinación porque sé que esta causa es justa y honesta. En 2026 seguiré investigando, visibilizando, acompañando y documentando lo que ocurre en las comunidades y en las vías del país. Seguiré insistiendo en que Colombia merece un modelo económico justo, transparente y pensado para la gente. Seguiré defendiendo la idea de que la dignidad no es un lujo y que la ciudadanía tiene derecho a exigir un país donde los abusos no sean la norma.
