La Sociedad Civil sola contra la corrupción

La Corporación Transparencia por Colombia y “Dejusticia”, elaboraron el especial web: “Ruta del Sol II- Una lucha contra la corrupción y la impunidad”, que revela la incapacidad de nuestro Estado para conseguir la indemnización de los perjuicios que la corrupción le causa a la comunidad.
El documento contiene varios textos que examinan la condición de victimas que tenemos todos los colombianos frente a lo ocurrido con ese contrato, el daño colectivo generado por los hechos de corrupción que lo envolvieron, la respuesta del sistema de justicia y las debilidades institucionales y termina analizando el presente y el futuro de la Acción Popular a favor de la reparación del daño colectivo causado por la corrupción.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia incorpora al especial el título “Somos víctimas de la corrupción” en el que señala que, en Colombia, la corrupción ha llegado a normalizarse al punto de generar pesimismo y resignación ciudadana. Que, sin embargo, es crucial reconocernos como víctimas de los corruptos, lo que permite diferenciar a quienes cometen actos ilícitos, dimensionar los daños más allá de lo económico y abrir posibilidades para exigir reparación y prevención.
Señala que Transparencia por Colombia ha identificado herramientas legales y una hoja de ruta para que organizaciones sociales impulsen procesos de reparación y que ejemplo emblemático fue el caso de Odebrecht y la Ruta del Sol II, donde una histórica acción popular permitió ordenar una reparación económica, aunque luego fue anulada por el Consejo de Estado, frustrando la reparación. El texto enfatiza, a pesar de este revés, la importancia de insistir en la reparación a víctimas de corrupción y agrega que erradicar la corrupción requiere persistencia, liderazgo y una fuerte exigencia social centrada en las víctimas.
Vanessa López, Investigadora de la Línea de Transparencia y Derechos Digitales de Dejusticia contribuye al especial con la pieza “El efecto dominó en la acción popular”, donde refiere que, en julio de 2023, el Consejo de Estado dictó una sentencia que tuvo dos efectos fatales para los colombianos. Por un lado, cerró toda posibilidad de lograr la reparación del daño colectivo producido por los actos de corrupción de Odebrecht-Aval. Por el otro, puso en riesgo la Acción Popular como mecanismo de protección de derechos colectivos e incumplió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que exige que los Estados cuenten con instancias judiciales para la indemnización de daños y perjuicios en estos casos y generó un efecto dominó que conllevó a la terminación, sin reparación, de otra acción popular iniciada para proteger derechos colectivos vulnerados por actos de corrupción, que fue el indignante caso de Centros Poblados.
Se puede acceder al especial en: https://transparenciacolombia.org.co/caso-corrupcion-ruta-del-sol-ii/