El excontralor General de Risaralda, Óscar Javier Vasco Gil, lamentó que en el trámite final de la reforma al control fiscal en el Congreso de la República se hubiera dejado por fuera a las contralorías territoriales en cuanto al uso del control de advertencia, el cual calificó como una herramienta muy eficaz en la prevención de los casos de corrupción en el país. Vasco Gil, quien al término de su período fue reemplazado interinamente por el subcontralor, Víctor Alonso Cano, destacó los logros más importantes de su gestión al frente de este despacho y ahora Vasco se prepara para volver a la academia universitaria, mientras espera el dictamen final de los concursos de méritos para la elección de Contralor General en Quindío y Caldas, donde está participando.
¿Qué balance entrega de su gestión en la Contraloría de Risaralda?
En materia de procesos e investigaciones, en cuanto a las auditorías logramos hacer un total de 1000 ejercicios técnicos de auditoría, los cuales arrojaron más de 3000 hallazgos y logramos que los sujetos de control suscribieran más de 500 planes de mejoramiento. Allí se establecieron hallazgos por más de $ 7200 millones por presunto detrimento presupuestal, de eso se adelantaron procesos y se profirieron fallos con responsabilidad fiscal por más $ 2000 millones, se vienen investigando procesos por una suma superior a los $ 10.000 millones y tenemos una suma de $ 1500 millones en procesos de cobro coactivo por fallos que se profirieron y los responsables no pagaron, entonces se está acudiendo al camino de cobro coactivo.
¿Se auditaron todos los entes bajo su responsabilidad?
Logramos auditar el 99 % de los entes sujetos de control en Risaralda, eso nos ubica como la contraloría de mediano tamaño en el país con mayores coberturas y la quinta en el consolidado nacional después de la Contraloría General de la República, la Departamental de Antioquia, la Distrital de Bogotá y la Distrital de Barranquilla. Ello quiere decir que tenemos coberturas al nivel de las contralorías de gran tamaño en el país.
¿Sobre cuántos municipios tiene competencia esta Contraloría?
Sobre 12 de los 14 municipios en donde es necesario vigilar 80 sujetos de control y 80 puntos de control que son las instituciones educativas, para un total de 160. Ahí logamos coberturas, en cuanto a sujetos de control del 99 % y solo nos quedó faltando el Hospital Universitario San Jorge porque el Contralor General de la República decidió este año adelantar el ejercicio de control. De resto logramos auditar el 100 % de los sujetos.
¿Cuál fue el municipio que acumuló la mayor cantidad de hallazgos?
Santa Rosa de Cabal presentó la mayor cantidad de casos, debido a la situación administrativa que se vivió allí y una serie de denuncias de participación ciudadana. Luego La Virginia, puesto que éstos son los de mayor tamaño y de mayor presupuesto. Además hay que resaltar que tienen también estos municipios una mayor participación ciudadana y de allí llegan muchas más denuncias constantemente y, por lo general, son denuncias bien fundamentadas que arrojan resultados.
¿La comunidad confía en la Contraloría?
La comunidad viene participando y lo está haciendo de manera activa. Nosotros hicimos un trabajo muy importante: el 100 % de las denuncias recibidas las tramitamos durante la misma vigencia, ese es otro de los indicadores que logramos, porque en la medida en que se dé respuesta oportuna a la ciudadanía, se logra recuperar la confianza de ésta y de lo que se trata es de tener la confianza del ciudadano. También nos dedicamos al tema de la descentralización de la Contraloría Departamental. Por año hicimos 24 mesas técnicas y ciudadanas, así como rendiciones descentralizadas de cuentas. Estuvimos en todos los municipios y cada año hicimos dos mesas por municipio para escuchar a la ciudadanía y contarle qué habíamos realizado y cuáles fueron los resultados en los municipios.
¿Cuáles fueron los procesos más emblemáticos?
Las tres auditorías que hicimos en el Hospital San Jorge, los cuales arrojaron una serie de inconsistencias y de irregularidades, en la parte financiera, contable, en términos generales un panorama muy complejo de esta empresa social del estado (ESE). En su momento el hospital refutó los hallazgos de la Contraloría Departamental porque no estaba de acuerdo con el dictamen que se entregó, pero finalmente la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud decidieron también hacer sus ejercicios de control y, finalmente, ratificaron todas y cada una de las irregularidades que la Contraloría Departamental señaló en esas tres auditorías, en especial en la última que hicimos correspondiente a la vigencia 2018 que derivó en un ejercicio de control político por parte de la Asamblea. A nivel departamental la institución más compleja en ese sentido y que tiene mayores inconvenientes es el hospital.
¿Qué otros procesos fiscales vale la pena destacar?
En Santa Rosa de Cabal tenemos situaciones como el proyecto urbanístico Portal de Guaduales en donde presentamos una demanda y logramos medidas cautelares que decretó el juez, porque eran 8000 viviendas que iban a ser construidas con una exención del 100 % de los impuestos con una grave afectación al presupuesto municipal. Allí demandamos también el convenio suscrito entre Empocabal y Serviaraucarias, proceso que viene avanzando en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Son temas gruesos y complejos que tuvimos, pero tenemos además temas muy graves que se vienen presentando en los municipios, especialmente en los que tienen recaudo en efectivo. Es el caso de Quinchía en donde hay personas condenadas por la indebida apropiación de recursos en la tesorería y tenemos esa misma situación en Marsella en donde se han hecho ya tres auditorías y cada una ha arrojado presuntos detrimentos superiores a $ 600 millones. En Santa Rosa de Cabal, en su momento, se tramitaron dos denuncias por la apropiación de recursos en la Tesorería Municipal y hay una persona procesada penalmente. Allí hemos logrado además recuperar parte de esos recursos a través de los procesos de responsabilidad fiscal.
¿Es usted partidario del control de advertencia como herramienta en la lucha anticorrupción?
Esa es una herramienta esencial y es uno de los grandes mecanismos que el control fiscal estaba requiriendo. Es el control concomitante, de naturaleza preventiva, es decir que lo que se pretende no es establecer responsabilidades sino hacer advertencias para prevenir el daño. Y creo que el grueso de los esfuerzos de los órganos de control tiene que estar dirigido a eso: a la prevención del daño más que a la parte correctiva.
Lastimosamente en el último debate del proyecto de acto legislativo, que terminó siendo el nro. 04 del 2019, al término del debate, entró una proposición en donde ese control se dejó, única y exclusivamente, en cabeza del Contralor General. Es decir que las contraloría territoriales quedamos, nuevamente, con el mismo rezago y la misma dificultad que nos legó el modelo de control fiscal estrictamente posterior. Es una lástima porque para las Contralorías Territoriales también es muy importante poder tener herramientas para coadyuvar a la prevención del daño y no a la parte correctiva.
¿Cuál es su futuro inmediato?
Voy a regresar a la academia gracias a la vinculación con la Universidad Libre Seccional Pereira, a atender los proyectos académicos que están pendientes como la culminación de mi doctorado cuya tesis ha estado bastante quieta durante este ejercicio. Además estoy presentándome a una serie de concursos relacionados con controles territoriales en donde hay algunas opciones, aprovechando que la Contraloría General de la República reglamentó las convocatorias públicas de méritos donde hay pruebas de conocimientos y unos filtros de tipo meritocrático. Me presenté en estas convocatorias en Quindío y en Caldas, donde puede haber algunas posibilidades.
