La prevención, será una de principales herramientas de la Procuraduría contra la corrupción

Desde hace algunas semanas la mayoría de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación portan un pasaporte y un botón en la solapa de sus sacos, los cuales son símbolos de los nuevos rumbos que está tomando el ministerio público por iniciativa del Procurador Fernando Carrillo Florez. En la carátula del pasaporte hay una frase que identifica esos propósitos innovadores: “con la transformación todos tenemos que ver”. El principal enfoque toca directamente con la prevención de los delitos que campean en el sector público, tal como se plantea en las siete rutas que ha definido el plan estratégico de la Procuraduría General, basado en el decreto 262 de 2000 y en las demás normas reglamentarias y complementarias, cuya principal bandera es la lucha contra la corrupción. Sobre estos temas hablamos con el Procurador Regional de Risaralda, Ernesto Amézquita Camacho.

¿Cuáles son los nuevos retos y rutas de la Procuraduría?

Desde el punto de vista formal se nos entregó un pasaporte que contiene las rutas principales que recorrerá la Procuraduría en un viaje a la transformación, para lo cual también se nos entregó un escudo y una memoria que contiene el desarrollo del plan estratégico del período final de la gestión del doctor Fernando Carrillo Florez que va del 2017 hasta el 2021.

¿Qué grandes líneas de trabajo hacen parte de ese plan?

Las nuevas directrices que hemos recibido para implementar, en primer lugar, es la lucha implacable contra la corrupción y por la transparencia y el fortalecimiento del estado social de derecho a través de siete rutas especiales. Estas rutas son:

1o. La ética pública. Deben prevalecer por encima de todo la ética, la moral y la rectitud en la implementación de todas las actividades de la función pública, tanto en el campo administrativo como en las inversiones, los recursos de funcionamiento del servicio de la comunidad, entre otras. Porque, ante todo, somos servidores públicos, no tanto empleados, nos debemos a la ciudadanía, y la perspectiva central del Procurador es esa: que brillen la ética, la transparencia, la idoneidad y la eficiencia.

2o. Una gestión integral para la Procuraduría, que cobija todas las áreas tanto desde el punto de vista preventivo como del disciplinario, el acompañamiento a las acciones judiciales donde sea necesario y estar siempre al servicio del bien común.

3o. Un enfoque ciudadano, que es hacia donde va dirigida toda la acción de la Procuraduría, sin ningún tipo de discriminación, ni distinciones de ninguna índole, ni político, ni social, ni religioso, ni económico, ni cultural. Equidad, ante todo, e igualdad.

4o. La función misional y del conocimiento, como lo señalan la Constitución y todas las leyes, incluido el Código Único Disciplinario que está vigente y el Código General Disciplinario que regirá próximamente.

5o. La tecnología. La Procuraduría hizo un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que le inyectó recursos para modernizar tecnológicamente todos los equipos del Ministerio Público en cuanto a líneas de acción, investigación, sistemas, equipos de trabajo, computadores, telefonía y comunicaciones.

6o. Un giro hacia la prevención, lo cual es fundamental. Nada sacamos con acciones a posteriori, tenemos que ser implacables en la lucha contra la corrupción buscando los mecanismos que impidan que se cometan acciones disciplinarias que afecten el patrimonio público y la credibilidad de las instituciones democráticas y que rompan el debido orden del estado social de derecho.

7o. La transparencia y la integridad. Transparencia en el sentido que todo se tiene que hacer a la luz de la ley, la Constitución y las disposiciones vigentes en materia de contratación, vinculación laboral, respeto a las normas de restricciones de contratación -por ejemplo- en épocas preelectorales. Hay que respetar las licitaciones, también en materia de empalmes, dado que ahora viene un período muy difícil que es el relevo entre los gobiernos salientes y los entrantes.

¿Ya se ha elaborado algún instructivo al respecto?

La Procuraduría ha sacado una cartilla especial sobre estos temas, dándole prelación a que hayan políticas de estado y no de gobierno, de tal manera que al finalizar su período no termine el alcalde llevándose sus proyectos e iniciativas debajo del brazo o presentándolas como obras particulares cuando son obras de Estado que tienen que estar cumpliendo una función social y al servicio de esa visión integral.

¿Como abordará la Procaduría el enfoque hacia la prevención?

La visión y misión de la Procuraduria, según este nuevo enfoque, es fundamentalmente hacia la prevención, a impedir que sucedan hechos, por eso una gran actividad cultural de capacitación a todos los funcionarios públicos a través de la Defensoría del Pueblo, de las Personerías, de las Alcaldías Municipales, en las ciudades capitales y en todo el país. Es una cruzada cultural de profundo contenido preventivo. Nada sacamos con sancionar un corrupto, cualquiera sea el cargo que tenga, sean alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, directores de departamento, si se hace incluso después de que ha terminado de cumplir su mandato.

¿Cómo dicen en el argot popular: es mejor prevenir que curar?

Esa sanción a posteriori no tiene ningún sentido porque ya ese funcionario no está ejerciendo el cargo o hacerle que reponga los dineros que se llevó cuando ya los invirtió o se declara insolvente. Por tanto la misión principal, y está demostrado estadísticamente, es que le ahorramos muchísimo más al Estado con acciones preventivas que con acciones sancionatorias. Pero ésto no quiere decir que vamos a descuidar el proceso disciplinario, por supuesto que no, continuaremos trabajando arduamente por las acciones de orden misional y funcional en materia sancionatoria, pero también vamos a retomar las banderas de la prevención.

¿Aplicar estas nuevas orientaciones implica cambios en la estructura de la Procuraduría?

Somos del criterio que el tema no es tanto estructural, sino humano. Hay una pérdida de principios y valores, es un aspecto cultural que viene desde la familia y desde el hogar. En la medida en que con acciones preventivas vayamos logrando permear la conciencia ciudadana, desde los niveles más fundamentales de la organización social, pienso que vamos a hacer una mejor labor. Hay que acabar con esa tradición de la compra y venta de votos, del tráfico de asuntos electorales, de puestos o de cargos, de que los funcionarios se deben a determinado congresista. No estamos haciendo política, pero es bueno recordar -por ejemplo- los delitos electorales, que la gente tiene que valorar la conquista del derecho sagrado al sufragio y que tienen que hacerlo de manera limpia, sin coacciones y sin apremios.

¿En esta época electoral, cuáles son las grandes preocupaciones de la Procuraduría?

Uno de los aspectos en los que más insistimos es en que los funcionarios públicos, los contratistas que reciben del Estado, no utilicen eso para hacer campañas políticas sino para cumplir con sus obras. Tampoco para amenazar a sus subalternos o funcionarios o para acosarlos laboralmente. Todo esto tiene que desaparecer y necesitamos ira  la cultura ciudadana del respeto por la dignidad del ser, por el respeto del trabajo y por la diferencia, por la tolerancia en materia de culturas políticas, religiosas, ideológicas, etc y acabar con tanta estigmatización y con tanta propaganda sucia, que se da en estas épocas.

¿Estas acciones ya se están aplicando en Risaralda?

Estamos promoviendo también los pactos por la no agresión entre los candidatos, movimientos y partidos políticos, en los cuales la Procuraduría es garante. Todos firmamos estos pactos, que han sido símbolo y ejemplo para el resto del país donde también se han seguido estos caminos de hacer un pacto para entender que la política no puede ser, como decía Jorge Eliecer Gaitán, un arma para engañar a los pueblos sino un instrumento en función del bien común. La política debe ser el arte de administrar lo público, como diría otro importante pensador, y convertirla en una ciencia que articula los principios con la táctica en función del bien común y no como una herramienta para engañar y someter a los ciudadanos.