La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional decidió abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social debido al incumplimiento de las órdenes emitidas en el Auto 2881 de 2023. Esta medida se adopta tras evidenciar serias deficiencias en la ejecución de los recursos destinados a garantizar la suficiencia de los presupuestos máximos del sistema de salud, lo cual pone en riesgo el acceso a servicios esenciales por parte de la población.
Incumplimientos señalados
Entre los aspectos más graves expuestos por la Sala se encuentra la falta de giro de $819 mil millones correspondientes al reajuste de los presupuestos máximos de 2022. Aunque el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorizó su cancelación el 26 de diciembre de 2023 con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de 2024, el Ministerio de Hacienda no ha transferido estos recursos. Esto constituye una violación del ordinal tercero del Auto 2881 de 2023.
Además, han transcurrido más de seis meses desde la notificación de la orden para la creación de una metodología unificada para definir y ajustar los presupuestos máximos, sin que esta obligación —ordenada en el ordinal sexto del Auto 2881— haya sido cumplida.
Decisiones de la Corte
Ante esta situación, la Sala Especial ordenó al ministro de Salud que cumpla con lo dispuesto en los ordinales tercero y sexto del Auto 2881 de 2023 en un plazo de 48 horas tras la notificación del auto. Asimismo, declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de los presupuestos máximos evaluado en las órdenes 21 y 22 de la Sentencia T-760 de 2008.
Entre las medidas ordenadas se incluyen:
- Pago inmediato de los presupuestos máximos correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre de 2024.
- Reconocimiento de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2024, a más tardar el 30 de enero de 2025.
- Pagos mensuales para 2025: Estos deberán realizarse dentro de los primeros 15 días de cada mes.
Adicionalmente, se instruyó al Ministerio de Hacienda que transfiera los recursos necesarios para cumplir con estos pagos en los términos establecidos.
La Sala advirtió que los recursos asignados al sistema de salud para la vigencia 2024 son insuficientes, lo que ha llevado a reconocer los presupuestos máximos de manera tardía, en actos administrativos que cubren periodos ya terminados o a punto de concluir. Esta situación afecta gravemente la sostenibilidad financiera de las EPS y vulnera el derecho a la salud de los afiliados al sistema.
La Corte enfatizó que las demoras en los pagos y en la implementación de soluciones ponen en riesgo la estabilidad del sistema de salud, exigiendo una respuesta inmediata y coordinada por parte de las entidades involucradas.
Este incidente de desacato se convierte en una señal de alerta sobre la urgencia de priorizar el cumplimiento de las órdenes judiciales para garantizar el acceso efectivo a la salud en Colombia.
