Transfuguismo político
La semana que finaliza se protocolizó el primer caso de transfuguismo político en Risaralda: la renuncia de Joan Manuel Ríos tanto a su curul en el Concejo de Pereira como a su militancia en el Partido Liberal. Y, a renglón seguido, el anuncio de su adhesión -junto a su equipo de trabajo- a las candidaturas de María Irma Noreña al Senado y Franyela Bermúdez a la Cámara de Representantes por el Partido de la U. Lo curioso es que Ríos, quien fue promovido políticamente por el senador Juan Pablo Gallo y luego emigró a las filas de Diego Patiño, afirmó en su carta de renuncia que los votos que lo llevaron al Concejo le pertenecen a él exclusivamente. Al respecto dijo: “La gente no nos respaldó por un color político sino por lo que somos y por el trabajo honesto que hemos sembrado en los corazones de los pereiranos”.
Las razones
Y aunque no lo dijo abiertamente, en el mundo de la política se sabe que Joan Manuel Ríos pretende ser candidato a la Alcaldía de Pereira en el próximo período, supuestamente con el aval de la casa Salazar–Noreña, por lo que debía renunciar a su actual chapa política para no incurrir en doble militancia. Sin embargo, la competencia por esa nominación al interior del movimiento que hoy ostenta la Alcaldía de Pereira está bastante reñida, puesto que sobre el tapete están los nombres de Zaskia Marcela Motta, muy cercana a la casa Salazar–Noreña; el secretario de Desarrollo Económico, Cristian Toro; el presidente del Partido de la U, Juan Carlos Valencia, para solo mencionar unos cuantos.
¿Vienen más?
En los mentideros políticos se afirma que, en los próximos días, podrían venir otras renuncias por cuenta del transfuguismo político, en especial por parte de algunos de los concejales del Liberalismo en Pereira. Sobre ellos pesa la advertencia de la Veeduría del partido acerca de la obligación de votar disciplinadamente por los candidatos de su propia colectividad, so pena de incurrir en sanciones y perder el aval por doble militancia. Otro caso asociado a esta circunstancia, es la del actual diputado liberal Diomedes Toro, quien no volverá a aspirar para tramitar su jubilación, pero tampoco seguirá militando en el liberalismo dado que su hijo, Cristian Toro, figura en la baraja de posibles candidatos a suceder a Mauricio Salazar en la Alcaldía de Periera con el aval del movimiento Primero Pereira y el Partido de la U.
Curiosidad histórica
En las páginas del periódico El Tiempo nos encontramos hace algunos días una verdadera perla histórica: el 19 de enero de 1976 (hace ya 60 años), Pereira fue escenario del encuentro entre los Presidentes de Colombia, Alfonso López Michelsen, y de Panamá, el general Omar Torrijos. La reunión fue preparatoria de un encuentro oficial que se cumplió en Roldanillo con motivo de la celebración de los 400 años de fundación de este municipio del Valle del Cauca con el cual Torrijos tenía una estrecha relación. Dice el periódico que en Pereira la agenda de los dos jefes de estado “…incluyó honores militares, reuniones con sus comitivas y un viaje posterior al Valle donde participarían en varios actos oficiales”.
Un país desigual
Según el Informe Anual sobre Desigualdad que la firma OXFAM presentó en el Cumbre Económica de Davos, Suiza, Colombia es cuarto país latinoamericano con mayor concentración de la riqueza, al punto que solo cuatro personas acumulan más de 42.000 millones de dólares. Dice el documento que: “Un millonario colombiano tardaría apenas dos minutos en ganar lo que una persona promedio obtiene en un año de trabajo”. Esa desigualdad pasa también por el sistema tributario el cual califican de regresivo ya que las personas con menores ingresos pagan, proporcionalmente, más que quienes concentran grandes fortunas. “Las personas trabajadoras y consumidoras asumen gran parte de la carga fiscal, mientras que las grandes fortunas y corporaciones mantienen buena parte de su dinero fuera del país mediante deudas, intereses o transferencias de capitales”, asegura OXFAM.
Las vallas de Durguez
Varias personas nos llamaron la atención sobre un detalle bien curioso dentro de la actual campaña electoral. Señalan que las vallas que en las que el ex diputado Durguez Espinosa está promocionando su candidatura a la Cámara de Representantes solo está muy visible el logo y el nombre del Centro Democrático en el cual milita el aspirante. Y esto fuera normal, salvo que dicha lista fue inscrita como una coalición con el movimiento político MIRA ante la Registraduría del Estado Civil. ¿Porqué no figura el logo del MIRA en las vallas de Durguez? Eso es algo que desconocemos.
A marchas forzadas
Este sábado, 24 de enero, al igual que los anteriores han sido días normales de trabajo en los despachos públicos. Aunque ni tan normales, por cuanto buena parte del equipo administrativo ha estado dedicado a sacar adelante la mayor cantidad posible de contratos directos y de prestación de servicios profesionales, antes de la entrada en vigencia de la Ley Garantías Electorales que regirá desde el próximo sábado, 31 de enero. Esto de acuerdo con la ley 996 de 2005 que busca garantizar la mayor transparencia en la administración pública de cara a la jornada electoral, tanto para la Presidencia como para el Congreso de la República. Los nuevos congresistas se elegirán el 8 de marzo, la primera vuelta presidencial será el 31 de mayo y la segunda el 21 de junio. Así que quien no alcance se quedará sin contrato seis meses.
La jugosa prima
En este mundo de la política, tal vez el tema más intocable se relaciona con los ingresos y los privilegios de nuestros congresistas. Según las cuentas que tenemos a nuestro alcance, en los últimos años se han presentado sin éxito 16 proyectos de ley con el objeto de rebajar los honorarios de los parlamentarios, los cuales hoy ascienden a la nada despreciable suma de $51.512.446, algo así como 26 salarios mínimos mensuales. Esa suma incluye una prima técnica de servicios por $16.914.540 que creó el entonces presidente Juan Manuel Santos mediante el decreto 2170 del 2013. Ahora el actual jefe de estado, Gustavo Petro, por decreto 0030 del 2026 decidió anular la famosa prima a partir de la nueva legislatura que comenzará el 20 de julio de este año. Los congresistas que sean elegidos el próximo 8 de marzo tendrán ingresos totales por $34.597.906 de los cuales $12.455.244 corresponden al sueldo básico y $22.142.662 a gastos de representación, eso sin contar los subsidios por vivienda en Bogotá, tiquetes aéreos, esquema de transporte y de seguridad, comunicaciones, etc.
Pago por votos
El Consejo Nacional Electoral fijó el monto de reposición de los votos que alcancen tanto los candidatos al Congreso como a la Presidencia de la República en los comicios previstos para este año. Por cada sufragio para Cámara o Senado tendrán derecho a un reintegro de 8.433 pesos y para la Presidencia de 8.613 pesos, cifra que supera ampliamente la que estaba vigente en las elecciones del 2022. En ese momento, para la Presidencia de la República, el valor de reposición de votos fue de 6.623 pesos. Claro que no todo es color de rosa: si un partido no logra tener como mínimo el 3% de la totalidad de votos a nivel nacional no contará con un aval para considerarse como una organización política y por tanto sus candidatos no recibirán un giro de reposición de votos.
Tope de gastos
De igual manera, el Consejo Nacional Electoral fijó el tope de gastos en que pueden incurrir los partidos y los candidatos a la Cámara de Representantes en el actual debate electoral. Para el caso de Risaralda, donde se van a elegir cuatro curules en la Cámara, cada lista, en conjunto, no podrá gastar más de $5.474 millones mientras que los gastos de cada candidato no pueden superar más de $1.368 millones. Claro que muy seguramente estas cifras serán sobrepasadas ampliamente con todo el dinero que se mueve por debato de la mesa en esta política tan cuestionada y tan cuestionable.
Dos por Risaralda
Finalmente, Risaralda tendrá dos posiciones en el tarjetón para la Presidencia de la República cuya primera vuelta está fijada para el domingo 31 de mayo. Y ambos irán por firmas obtenidas a través de grupos significativos de ciudadanos, tal como lo especifican las leyes electorales vigentes. Son ellos el abogado Leonardo Huerta a nombre del movimiento “Colombia una nueva historia” y el también abogado Carlos Felipe Córdoba por el movimiento “Volvamos a confiar con Pipe”, aunque éste está buscando también el aval del Partido Conservador. Los dos pereiranos lograron superar el número mínimo exigido de firmas válidas para respaldar sus aspiraciones.
