Una reciente denuncia recibida por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha puesto al asesor de la EPS Coosalud, Mario Andrés Urán, bajo una lupa de escrutinio. El 22 de septiembre de 2024, la Supersalud recibió información sobre presuntas irregularidades cometidas por Urán en la administración de recursos de salud en al menos cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país. La gravedad de estas acusaciones ha llevado a la Supersalud a emitir varios actos administrativos para realizar auditorías específicas en las EPS Coosalud, Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., Asmet Salud EPS S.A.S., y Emssanar EPS S.A.S., cuyas sedes se encuentran en Cartagena, Cali, Popayán y Pasto.
Las auditorías, realizadas el 25 de septiembre sin previo aviso, revelaron múltiples posibles irregularidades. Una de las principales acusaciones apunta a una supuesta “confabulación” liderada por Urán para influir en la asignación de contratos, supuestamente dirigiéndolos hacia las mismas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) favorecidas en repetidas ocasiones. Según la Supersalud, Urán habría aprovechado su posición como asesor de Coosalud para manipular y centralizar el flujo de pagos a ciertas IPS, afectando así el reparto equitativo de recursos hacia otras entidades. Estos movimientos financieros carecen de justificación clara, lo que levanta sospechas de una mala administración de los fondos destinados a la salud de los colombianos.
Además, las auditorías descubrieron que Urán habría solicitado autorización previa en decisiones de giros directos a agentes interventores de estas EPS, una práctica irregular que apunta a una posible interferencia indebida en el manejo administrativo. Otro de los hallazgos incluye el uso de pagos a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores, lo que según la Supersalud genera sobrecostos innecesarios y vulnera las normativas que rigen la supervisión en el sistema de salud. Esta práctica podría estar creando una red de pagos inflados que afecta los recursos destinados a la atención de los afiliados.
Las acciones de Urán también parecen extenderse hacia el favorecimiento de laboratorios y marcas específicas, en coordinación con dos personas identificadas como Indira Ocando y Tony Negrette. Se sugiere que juntos habrían elaborado un plan de compras de productos médicos que, bajo una apariencia de regularidad, ocultaría un esquema de preferencia hacia determinados proveedores, posiblemente en detrimento de los intereses de los pacientes y de la transparencia en la administración de los recursos de la salud.
La Supersalud advierte, además, que la seguridad y la integridad física y mental de varios funcionarios están en riesgo, pues el equipo de auditoría ha encontrado indicios de perfilamiento a funcionarios de la Superintendencia. Estos funcionarios, quienes trabajan bajo presión en la supervisión de las EPS intervenidas, ahora deben lidiar con una posible vigilancia o seguimiento en sus labores, lo cual podría atentar contra su seguridad y su capacidad de desempeñar sus funciones sin presiones indebidas.
La Supersalud ha reiterado que los agentes interventores designados en estas EPS bajo vigilancia no son empleados de la entidad, sino que operan bajo un mandato de supervisión estricta. En consecuencia, el 22 de octubre de 2024, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En este documento, solicita que las pruebas recolectadas en estas diligencias sean investigadas exhaustivamente para determinar el alcance de las irregularidades y los responsables, y para establecer si las acciones de Urán y sus presuntos colaboradores configuran actos de corrupción y abuso en el manejo de los recursos destinados a la salud pública.
Con esta denuncia, la Supersalud busca sentar un precedente y salvaguardar la transparencia en el sistema de salud, especialmente en un contexto en el que los recursos son cada vez más limitados y la confianza de los ciudadanos en las instituciones de salud está en riesgo. La entidad ha reiterado su compromiso en la lucha contra la corrupción en el sector salud, un esfuerzo que considera vital para garantizar que los recursos destinados a la atención médica se empleen de forma justa y equitativa, en beneficio de todos los colombianos.
