El departamento de Risaralda ha sido una de las regiones que ha visto afectaciones en las ventas de vivienda nueva por la suspensión de los subsidios ‘Mi Casa Ya’.
Las cifras de vivienda en el departamento de Risaralda continúan en terreno negativo, de acuerdo con el último informe sobre el comportamiento del mercado inmobiliario de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Los datos evidencian una tendencia a la baja en los principales indicadores: lanzamientos, iniciaciones de obra y ventas.
Entre enero y abril, las cifras de lanzamientos registraron una caída del 52,2 %, representada en 432 unidades de vivienda lanzadas para Vivienda de Interés Social (VIS) y 238 para No VIS. Por su parte, las ventas también mostraron una disminución del 26 %, explicada especialmente por la reducción del 33 % en las ventas de vivienda de interés social.
Las razones detrás de este comportamiento negativo, según Víctor Baza, gerente de Camacol Risaralda, se fundamentan en la decisión del Gobierno nacional de suspender los subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’ para la compra de vivienda nueva bajo este modelo. Esta medida fue anunciada por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, mediante la Circular 012 del 16 de diciembre de 2024, en la que se informó la suspensión de los subsidios a la tasa de interés dentro del programa de gobierno “Mi Casa Ya”, para la adquisición de vivienda nueva en Colombia.
“El 70 % de la vivienda corresponde a la social. Al no haber subsidios, el sector inmobiliario experimenta una caída considerable”. Esta dinámica también explicó por qué las iniciaciones de obra tuvieron una caída cercana al 40 %, dado que la vivienda de interés social presentó una reducción del 65 % en este rubro.
Hay oferta de vivienda
Actualmente, el departamento cuenta con más de 5.100 unidades de vivienda, donde el 53 % corresponde a viviendas VIS y el 46 % a No VIS. “Hay una incertidumbre frente a las decisiones del gobierno y a la economía actual. Sí hay ventas, pero se evidencia una ralentización en el mercado. El sector constructor en Risaralda ha sido prudente y actúa con lentitud, porque hoy en día los porcentajes de utilidad no son los esperados”, concluyó Baza.
Un riesgo adicional se vislumbra
A su vez, otra preocupación que surgió en el gremio constructor fue la decisión que tomó el Ministerio de Hacienda tras publicar el Decreto 0572, con la finalidad de establecer retenciones en la fuente y “asegurar el recaudo sobre el impuesto de renta”.
De acuerdo con la presidencia de Camacol, “esta decisión representa un fuerte golpe a la inversión y a la generación de empleo en una de las industrias más relevantes para la economía del país”, presentada en un momento de estancamiento en las ventas de vivienda y una contracción acumulada de más del 50 % en la actividad edificadora.
“El nuevo decreto impone una carga desproporcionada que excede el recaudo tributario esperado del sector constructor. Se trata de una medida que no solo afecta la inversión, sino que también agrava la crisis actual del sector”, afirmó Guillermo Herrera Castaño, presidente de Camacol.
Al cierre del primer trimestre de 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó una caída del -7,0 % en el PIB de edificaciones, con lo cual se completan siete trimestres consecutivos en terreno negativo. A esto se suma una reducción sostenida en la producción de vivienda durante los dos últimos años.
¿Cómo afecta?
El decreto impactará directamente no solo a las empresas constructoras, sino también a cerca de 34 industrias encadenadas. La nueva norma incrementa la autorretención del impuesto de renta del 1,1 % al 3,5 %, y establece una mayor retención para la venta de viviendas cuyo valor supere las 10.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $498 millones.
Camacol advirtió que estas medidas afectan gravemente al segmento de clase media, que representa el 40 % de las ventas del sector. Solo en 2024, este segmento registró una contracción del -7 % frente a 2023, y del -28 % frente a 2022. “Estamos hablando de un mercado que le aporta 17 billones de pesos a la economía. Limitar su recuperación es poner en riesgo un motor clave del crecimiento económico y con ello afectar las fuentes de ingreso de la Nación”, indicó Herrera.
Asimismo, el aumento de la autorretención al 3,5 % supera con creces la capacidad razonable de contribución del sector para el presente año, y podría comprometer seriamente el recaudo tributario en 2026. Se estima que el impacto de esta medida puede traducirse en una caída de inversión cercana al medio billón de pesos.
