En una decisión histórica para la política y la justicia colombiana, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 144 meses de prisión, es decir, 12 años, tras hallarlo culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Si bien la juez le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, Uribe deberá pagar una caución equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para hacer efectiva esta medida. La condena también incluye una multa de 2.420 SMLMV y una inhabilidad de 100 meses y 20 días (más de 8 años) para ejercer derechos y funciones públicas, lo que representa un duro golpe político para quien fuera uno de los líderes más influyentes del país en las últimas dos décadas.
El delito y la estrategia de manipulación
Según la sentencia, Uribe fue el “determinador” de una estrategia orientada a manipular el sistema judicial, al ordenar al abogado Diego Cadena buscar exparamilitares dispuestos a testificar falsamente contra el senador Iván Cepeda, uno de sus más férreos opositores políticos. A cambio, se les habrían ofrecido beneficios económicos y jurídicos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal Marlene Orjuela, presentó más de 35 testimonios, los cuales sirvieron para demostrar según el fallo— una conducta sistemática destinada a desprestigiar y judicializar al senador Cepeda con pruebas falsas.
Cabe destacar que Uribe fue absuelto del delito de soborno, pero hallado responsable de los otros dos cargos. El fallo establece que existió una voluntad clara y reiterada de afectar la integridad del sistema judicial con fines políticos.
¿Qué sigue en el proceso?
Aunque la condena ya fue dictada, esta aún no queda en firme. La defensa del expresidente podrá apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, para lo cual cuenta con un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación oficial. Existen dos posibles fechas tentativas para la prescripción del fallo en caso de que no se ratifique: 16 o 20 de octubre de 2025, según reveló W Radio.
Mientras se resuelven los recursos de segunda instancia y posibles acciones extraordinarias como la casación ante la Corte Suprema, Álvaro Uribe conservará su presunción de inocencia.
La sentencia contra el exmandatario marca un antes y un después en la historia judicial del país, al tratarse de la primera condena penal contra un expresidente colombiano por hechos relacionados con corrupción y manipulación de la justicia. Su impacto político y simbólico ya se hace sentir en todos los sectores del país.
