La protesta, las marchas callejeras, los paros de maestros, los cierres temporales de vías y en general todas las llamadas movilizaciones sociales son, por supuesto, un derecho fundamental que consagra la Constitución Nacional y que las autoridades tienen no solo la obligación de respetar, sino de proteger.
Toda persona o grupos de personas tienen el derecho a manifestar su inconformidad frente cualquier norma o decisión oficial que consideren afecta sus intereses de alguna manera, y lo pueden hacer siempre y cuando esas manifestaciones se hagan de manea pacífica, sin alterar el orden público y sin ir más allá de los derechos de los demás.
Otra cosa es lo que ha hecho carrera en todo el país y que ha desbordado todos los límites de la tolerancia y de la sana convivencia ciudadana. Las protestas llamadas pacíficas, con muy escasas excepciones, han pasado a ser verdaderas guerras campales contra todo lo que se encuentre en el camino, sin importar de quién es y a quién se le hace daño, y si las víctimas de los desmanes nada tienen que ver con el motivo de la revuelta.
Esta semana circuló un video en el que algunas personas encapuchadas la emprendieron a palo contra una sede del partido político que lidera el expresidente Álvaro Uribe, supuestamente para rechazar comportamientos personales que están siendo investigados por la justicia y sobre los que precisamente ese día se surtía una diligencia judicial ante la Corte Suprema de Justicia.
Qué clase de derecho fundamental se está invocando aquí y que les da supuestamente la facultad a los protestantes de destrozar un bien que no es del doctor Uribe y ni siquiera del Partido al que él pertenece, sino de un ciudadano cualquiera seguramente ajeno a la polarización política que vive el país y a las conductas en investigación del expresidente.
La Constitución no puede convertirse en el amparo legal de unos delincuentes que, aprovechando cualquier inconformidad ciudadana, cometen toda clase de excesos y tropelías no solamente contra los bienes y los elementos que encuentran a su paso, sino contra las propias autoridades, como ocurrió esta vez y como sucede todos los días. Esto no se puede tolerar y mucho menos aceptar.
Por eso, en el fondo tiene sentido la propuesta de algún legislador de presentar un acto legislativo que reglamente la protesta ciudadana. Por supuesto, sin limitar el derecho fundamental a ella ni estableciéndole fechas u horas para hacerlas, pero poniéndole límites a esa horda salvaje en que la han convertido algunos profesionales de la revuelta, del desorden y de la desestabilización institucional.
Totalmente cierto, es el colmo que las autoridades le dejen coger ventaja a unos encapuchados que no están reclamando realmente ningún derecho, sino que están atentando contra los bienes públicos, los privados y la vida de las personas, son valientes solo porque esconden su identidad debajo de un pasamontañas, una gorra y una bufanda. Lo que deben hacer es detenerlos y judicializarlos por daño en bien público, en bien ajeno y hasta por intento de homicidio, son desadaptados sociales que no quedan bueno sino encerrados.