El presidente Gustavo Petro se preguntó esta semana “si vale la pena subsidiar la gasolina en 40 billones de pesos, cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se está duplicando” en una clara justificación de la casi que inmediata decisión del Gobierno de aumentar severamente los precios de los combustibles.
Aunque el mandatario no dijo cuál sería el tamaño del ajuste, ni en qué plazo se haría hasta alcanzar la cifra presupuestada por el Gobierno, algunas personas cercanas al Ejecutivo estiman que el aumento será igual a la diferencia entre el precio de la gasolina en el país y el valor en el mercado internacional, y que el tiempo para hacerlo será muy corto.
Esto significa que el galón de gasolina corriente que hoy vale en el país, dependiendo de la región y de la estación de servicio, cerca de 9.500 pesos, con el anuncio del Gobierno, tendrá en el corto plazo un costo de alrededor de 16.000 pesos, lo que representa un aumento cercano al 80%.
Según el Presidente, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es de 10 billones de pesos cada trimestre, es decir 40 billones en el año, casi la mitad del déficit del Presupuesto Nacional. Aunque el ministro de hacienda anterior ha dicho que se pagaron 14 billones antes de terminar el gobierno Duque y que se dejaron presupuestados 28.5 billones más.
De todas maneras, cualquiera que sea el tamaño del déficit que tenga el país en esta materia, un aumento de semejante naturaleza en los precios de los combustibles, más si se tiene previsto que el precio de estabilización se debe alcanzar antes de terminar el 2023, es un golpe certero al índice de inflación.
Todas las actividades en el país, empezando por el transporte, tienen que ver de una u otra manera con el precio de los combustibles, y sus efectos, así está comprobado, los asumen siempre el consumidor final y el ciudadano común y corriente, el que utiliza el transporte público o el que utiliza su vehículo para sus quehaceres laborales y productivos.
Un aumento desbordado y sistemático en el precio de la gasolina, generaría una presión inaguantable en actividades vitales para la recuperación de la economía y su crecimiento sostenido, y, sobre todo, una cascada de alzas sin precedentes en la Canasta Familiar de los colombianos.
Sin duda esos billones de pesos que van a soliviar un poco los costos de mover la carga por todo el país, o de sacar los productos agrícolas desde el campo a las ciudades, o de llevar los niños a las escuelas, o de transportar al trabajo los millones de colombianos que utilizan el transporte público, serían muy útiles en un programa contra la desnutrición infantil; pero también lo serían los dineros que se ahorraría el país con un verdadero plan de austeridad del Gobierno, o con una estrategia severa contra la corrupción.
