Todo estaba previsto, menos que los 10.055 millones de pesos correspondientes a las estampillas del contrato de concesión para la construcción y operación de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Matecaña, se fueran a perder, y no porque el concesionario no los quisiera pagar sino por un error de la Administración Municipal.
El Consejo de Estado acaba de decirle al Municipio de Pereira, al resolver una demanda presentada por la firma OPAM, empresa concesionaria para la construcción y explotación del Aeropuerto, que el cobro por concepto de las estampilla Pro cultura y Pro-adulto Mayor, primero que no tenía facultad para hacerlo y segundo que estuvieron mal liquidadas.
Según el Alto Tribunal, el Municipio no era la entidad jurídicamente competente para cobrar el gravamen y además lo liquidó mal, porque no debió hacerlo sobre el monto total del contrato de concesión estimado en el promedio de recaudo anual y en el tiempo de la concesión que inicialmente va hasta el 2037.
La Secretaria de Hacienda Municipal le ha salido al paso a las diversas informaciones que han salido sobre el tema y que afirman que la estampilla se cayó, y ha dicho que los dineros de las estampillas no es que se hayan perdido con el fallo, sino que el Municipio debe proceder a reliquidar las estampillas y pasarle la cuenta a OPAM.
Pero independiente de esto, las preguntas que hay que hacer son, primero en dónde estaba la oficina jurídica del Municipio que no advirtió del mal cobro de las estampillas y segundo, por qué al concesionario no se le exigió que presentara el recibo de pago de las estampilla, como se le pide a absolutamente a todas las entidades que firman un contrato con el Municipio, y simplemente se firmó omitiendo este requisito.
En la primera pregunta es posible que haya lugar a varias interpretaciones jurídicas y como tal que se haya podido caer de buena fe en el error; pero en el segundo caso es evidente que hubo una imperdonable omisión que privó al Municipio de recibir unos dineros muy importantes que bien pudieron servir para cubrir una de las tantas necesidades que tiene la Ciudad.
Si a la firma concesionaria se le hubiera exigido el pago anticipado, como se le exige a todos los contratistas del Municipio, grandes y pequeños, de lo correspondiente a las estampillas Pro cultura y Pro adulto Mayor, con seguridad hoy ni se estuviera en eso porque OPAM hubiera consignado los 10.000 millones de pesos, so pena de haberle significado perder el contrato.
Estos errores y descuidos, pues, le han significado al Municipio tener un socio que lo tiene demandado y por lo tanto que es, cuando menos, incomodo para la Administración; cuatro años de un molesto pleito jurídico y dejar de recibir 10.000 millones de pesos que mucho le hubieran servido a la Ciudad.
