Colombia no puede seguir viviendo bajo la sombra de quienes, desde la clandestinidad, insisten en imponer su agenda criminal a través del miedo y la destrucción.
La ola de atentados terroristas ocurridos esta semana en Cali y el sur del país, nos devuelve a un escenario que Colombia no puede aceptar como destino. Las explosiones, los ataques a instalaciones públicas y la cobarde violencia contra civiles y miembros de la Fuerza Pública constituyen no solo una afrenta a la seguridad nacional, sino también una agresión directa al derecho fundamental de millones de colombianos a vivir en paz.
Las cifras frías y los informes oficiales no alcanzan a describir el verdadero drama. Personas trabajadoras que todo lo pierden, familias desplazadas por el miedo, niños y niñas aterrorizados por la crueldad de los ataques y campesinos que ven frustrado su anhelo de construir una vida digna en sus campos.
Colombia no puede seguir viviendo bajo la amenaza de quienes, desde la clandestinidad, insisten en imponer su agenda criminal a través del miedo y la destrucción. Es inaceptable que en pleno centro de las ciudades algunos grupos terroristas pretendan imponer su ley con el lenguaje de las bombas y las balas.
No hay causa que justifique atentar contra la vida y la tranquilidad de personas trabajadoras. Lo que estamos presenciando en el Valle y en el Cauca es el resultado de tres años de negociaciones de paz fallidas, de una política de seguridad incoherente e incapaz de brindar respuestas contundentes ante esa violencia que golpea una y otra vez y, por supuesto, de años de abandono institucional.
Hoy, más que nunca, se necesita un Gobierno capaz de enfrentar la criminalidad con decisión, pero también con inteligencia y responsabilidad histórica. No se trata solo de enviar tropas o reforzar patrullajes en las zonas afectadas e inclusive de la presencia de altos funcionarios del Gobierno o de los altos mandos militares cuando ocurren actos como el de este martes.
Es imperativo que el Estado, en su integridad, llegue a estas zonas con acciones reales de autoridad, con seguridad, con inversión social, con educación, con salud, con vías y con presencia de la institucionalidad. No más discursos populares, ni promesas incumplidas, la paz se construye desde el gobierno, apoyando las comunidades, respaldando sus liderazgos y protegiendo sus vidas.
El sur del país, el Catatumbo y en general todo el territorio nacional claman por justicia, por presencia del Estado y, sobre todo, por respeto a su dignidad. Cada ataque aleve es un retroceso para el país entero. Callar o actuar con complacencia es ser cómplice de quienes quieren perpetuar el engaño.
Colombia entera está alzando su voz para condenar de manera categórica estos atentados, cualquiera que sea el nombre o remoquete de quienes los perpetran. Pero más allá de la condena moral, es momento de exigir al Gobierno Nacional acciones inmediatas, eficaces y sostenidas. Las regiones más golpeadas por la guerra no pueden seguir siendo noticia solo cuando las explosiones sacuden con horror sus entrañas.
