La sostenibilidad fiscal del país debe partir de una gestión responsable, eficiente y equitativa del Estado, no de reformas tributarias improvisadas y socialmente insostenibles.
El reciente anuncio del Ministro de Hacienda, durante la presentación de la Actualización del “Marco Fiscal de Mediano Plazo”, sobre una nueva reforma tributaria, ha generado una comprensible ola de preocupación entre los ciudadanos, los empresarios y los expertos económicos.
A tan solo un año de haber aprobado una reforma con profundas implicaciones para los hogares y el aparato productivo, el gobierno insiste en acudir, una vez más, al bolsillo de los contribuyentes como la solución para los problemas fiscales del Estado, ocasionado principalmente por los bajos recaudos y desorden en el gasto.
La inconveniencia de esta medida no solo radica en el agotamiento fiscal al que están sometidas las clases medias y bajas, sino también en el evidente desgaste político y social que genera insistir en un modelo recaudatorio que parece ignorar las señales de una economía que aún no termina de recuperarse de los embates de la pandemia, la inflación, el desempleo y el bajo crecimiento.
El país no necesita más impuestos, sino mejor administración de los recursos existentes. Colombia tiene un serio problema de ineficiencia en el gasto público, corrupción estructural y clientelismo que desangran el presupuesto nacional. Según cifras oficiales, cerca del 4% del PIB se pierde anualmente en corrupción, cifra suficiente para cubrir buena parte del déficit fiscal sin necesidad de reformas que impacten a quienes hoy ya sienten el peso de una carga tributaria desproporcionada.
Además, la estructura tributaria actual sigue siendo regresiva: mientras los asalariados y pequeñas empresas soportan el grueso de los impuestos, grandes capitales y fortunas logran eludir o minimizar sus aportes a través de exenciones, deducciones y mecanismos legales muchas veces diseñados a su medida. Antes que pensar en gravar más al ciudadano común, es imperativo revisar esos privilegios, cerrar los vacíos legales y robustecer la lucha contra la evasión y el contrabando.
Existen alternativas sensatas. Una reforma profunda al sistema de subsidios mal focalizados, la eliminación de entidades inoperantes, la obturación de la vena rota de la corrupción, una política estricta de austeridad en la burocracia y un plan serio de reactivación económica mediante estímulo a la inversión privada y la formalización laboral podrían generar los recursos que el gobierno busca sin asfixiar a la población.
Una vez más, no es aceptable que cada déficit termine pagándolo el mismo sector de siempre. La sostenibilidad fiscal del país debe partir de una gestión responsable, eficiente y equitativa del Estado, no de reformas tributarias improvisadas y socialmente insostenibles.
