Petro eligió el camino contrario. Al hacerlo, no ofendió solo a Medellín, ofendió a todos los colombianos que todavía creen en la democracia, en la reconciliación y en el respeto.
La visita del presidente Gustavo Petro a Medellín pasará a la historia no por sus propuestas, ni por haberle dejado una obra importante a la Ciudad o a la región, ni por anuncios de inversión o desarrollo, sino por la peligrosa combinación de violencia simbólica y división social que expuso desde la tarima en La Alpujarra.
Allí, el jefe de Estado no solo arremetió, una vez más, contra los empresarios, contra las élites locales y contra buena parte de los ciudadanos antioqueños, sino que, de forma insólita, compartió protagonismo con una decena de los peores criminales detenidos en la penitenciaría de Medellín, algunos con condenas por delitos gravísimos.
La imagen no pudo ser más elocuente, el presidente de Colombia escoltado por delincuentes, utilizando sus casos judiciales como símbolos de su narrativa de persecución, como si fueran héroes populares y no responsables de actos criminales que han hecho daño a las comunidades que él dice defender. Fue un acto de abierta provocación, no solo a Medellín y a Antioquia, sino a toda la institucionalidad del país.
Pero el hecho más alarmante fue el tono del discurso. Petro no fue a conciliar, fue a desafiar. Volvió a su libreto de odio de clases, a su obsesión por enfrentar a “los de abajo” contra “los de arriba”, a señalar a Medellín y a Antioquia como enemigos políticos, como representantes del “régimen” que, según él, debe ser derrotado.
Como si los problemas de Colombia se resolvieran incendiando el lenguaje, despreciando a los adversarios y profundizando las fracturas históricas de la sociedad colombiana. Nada de lo que dijo el presidente en Medellín contribuye a resolver los grandes desafíos que enfrentamos, ni la pobreza, ni el desempleo, ni la violencia creciente en las regiones, ni el deterioro económico.
Todo fue ofensa, resentimiento, manipulación y confrontación. Utilizar a Medellín como chivo expiatorio de sus frustraciones políticas es, cuando menos, una irresponsabilidad. Alimentar el resentimiento de clase para ocultar el fracaso de su gobierno es una estrategia tan peligrosa como despreciable.
Lo ocurrido en La Alpujarra no es un hecho aislado. Hace parte de un plan calculado para mantener al país en tensión permanente, con el propósito de radicalizar a sus seguidores y presentar cualquier contradicción como un ataque de las élites opresoras. Pero esta estrategia tiene un límite, lo que se pone en juego no es el prestigio de un presidente, sino la estabilidad de la nación.
Colombia necesita un liderazgo que reúna, no que divida. Que gobierne para todos, no para unos pocos seguidores enceguecidos por la rabia. Petro eligió el camino contrario. Y al hacerlo, no ofendió solo a Medellín o Antioquia, ofendió a todos los colombianos que todavía creen en la democracia, en la reconciliación y en el respeto.
