Anuncios como el del Presidente sin condiciones precisas terminan siendo entregas que erosionan la confianza ciudadana y fortalecen a quienes han hecho del delito su único propósito.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de iniciar conversaciones de paz en el exterior con el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país, no solo genera desconfianza, escepticismo y desánimo en la Fuerza Pública, sino que plantea serios riesgos políticos e institucionales.
El Clan de Golfo no es una organización insurgente con motivaciones ideológicas, sino el mayor cartel del narcotráfico en Colombia, responsable de asesinatos, desplazamientos, extorsiones, minería ilegal y un incalculable envío de cocaína hacia el exterior. Su objetivo es mantener y expandir un emporio criminal, no resolver reivindicaciones sociales ni participar en un debate democrático.
El nuevo interlocutor del Gobierno no es un grupo guerrillero con agenda política, sino un conglomerado dedicado al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control armado de vastos territorios. Su razón de ser es la economía criminal, y su poder se alimenta de las rentas ilícitas que no tienen cabida en la legalidad.
El Presidente ha insistido en que todo conflicto se resuelve dialogando; pero pretender negociar con un actor de estas características equivale a darle un estatus político que no tiene. Además, es un mensaje devastador para la Fuerza Pública, que durante años ha arriesgado y perdido miles de vidas en la lucha contra este grupo.
¿Con qué ánimo enfrentarán en adelante los soldados y policías del país a unos criminales que, de un día para otro, se convirtieron en “interlocutores válidos” del Gobierno? El golpe a la moral de las Fuerzas Armadas es demoledor y el peligro de que se mantenga la violencia mientras se habla de paz, es más que probable.
La experiencia de otros intentos de negociación con organizaciones similares, ha demostrado que, sin presión militar, sin judicialización efectiva y sin desmantelar sus redes económicas, el resultado es un simple pacto de conveniencia para que los delincuentes ganen tiempo, se rearmen y amplíen su control territorial.
Las posibilidades de un acuerdo son mínimas. El Clan del Golfo ha demostrado, incluso durante treguas parciales, que sigue delinquiendo, reclutando menores, desplazando comunidades y disputando rutas de narcotráfico. Además, el mensaje que envía este anuncio de diálogo es muy peligroso: quien logre suficiente poder armado y control territorial puede forzar negociaciones y obtener muchos beneficios, una señal que estimula la persistencia y el surgimiento de otras estructuras criminales.
Colombia necesita reducir la violencia; pero no a cualquier precio ni en cualquier escenario. Con el Clan del Golfo, la prioridad debe ser la acción decidida de la fuerza legítima del Estado. Anuncios como el del Presidente sin condiciones precisas terminan siendo entregas que erosionan la confianza ciudadana y fortalecen a quienes han hecho del delito su único propósito.
