En la práctica, el Estado ha dejado que los jóvenes sean carne de cañón de la criminalidad y que la edad sea la coartada perfecta para eludir las responsabilidades penales más severas.
El reciente asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un menor de edad que actuó como sicario, volvió a poner en evidencia una de las más graves falencias del sistema judicial colombiano, las débiles sanciones previstas en la Ley de Infancia y Adolescencia frente a los crímenes cometidos por adolescentes.
El hecho de que un joven de apenas 15 años, luego de disparar contra un líder político, enfrente penas mínimas que además puede cumplir en centros de atención especial, amén de que, como en este caso, puede recibir beneficios que lo dejen en libertad en el corto plazo, constituye un despropósito que la sociedad no entiende y el país no puede seguir tolerando.
Durante años, las organizaciones criminales han encontrado en los vacíos de esta legislación un terreno fértil para su negocio delictivo. La figura del “menor de edad” se convierte, en manos del crimen organizado, en un escudo de impunidad. Reclutan adolescentes para sicariato, microtráfico, extorsión y toda clase de delitos, a sabiendas que la justicia no tendrá cómo castigarlos proporcionalmente a la gravedad de sus actos.
Durante 2024, según datos oficiales del Instituto de Bienestar Familiar, ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 202 menores y en los primeros seis meses de este año ivan 90. En la práctica, el Estado ha dejado que los jóvenes sean carne de cañón de la criminalidad y que la edad sea la coartada perfecta para eludir las responsabilidades penales más severas.
Es evidente que la intención de proteger a los menores, principio legítimo y constitucional, terminó desvirtuada por la realidad. No se trata de desconocer que los adolescentes en conflicto con la ley son sujetos de especial protección y que hay tratados internacionales que lo ratifican, sino de reconocer que hay crímenes cuya atrocidad exige una respuesta más contundente.
El asesinato de un senador, cometido de sangre fría por un joven que fue escogido porque se sabía de antemano que la ley le ofrecería un castigo blando, obliga a una revisión de la legislación. El país no puede seguir en medio de la impunidad disfrazada de “protección” y el populismo punitivo.
Lo que se necesita es una reforma seria, técnica y equilibrada de la Ley de Infancia y Adolescencia, que establezca sanciones diferenciadas y proporcionales según la naturaleza del delito, sin perder de vista la necesidad de resocialización. Alguien que asesina, sea mayor o menor de edad, debe responder por el daño causado con consecuencias reales y ejemplarizantes.
El Congreso tiene la obligación de hacer este debate sin dilaciones. Proteger a los niños significa también evitar que sean utilizados como instrumentos del crimen. Y proteger a la sociedad implica garantizar que delitos atroces como el sicariato no queden prácticamente impunes. Ojalá la tragedia de la muerte de Miguel Uribe sirva para corregir esta distorsión de la justicia.
