Tanto las bajas en lanzamientos como en ventas de vivienda nueva en Risaralda tienen preocupados al sector de la construcción.
Los indicadores de la construcción en Risaralda continúan en terreno negativo y encienden las alarmas. Según la más reciente medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), solo en Pereira, Dosquebradas y La Virginia este sector perdió cerca de 6.000 empleos en julio.
La situación se refleja también en las cifras reportadas por Camacol. De acuerdo con su director en Risaralda, Víctor Baza, entre enero y julio de 2025 se registró una caída tanto en lanzamientos de proyectos como en ventas, lo que evidencia una tendencia a la baja frente a 2024. Para el gremio, este comportamiento amenaza no solo la estabilidad del empleo, sino también el futuro inmediato de la economía regional.
Preocupan los lanzamientos
En lo corrido de 2025, se han lanzado 1.350 unidades de vivienda en el departamento, lo que representa un descenso del 49 % en comparación con 2024. “Los lanzamientos son determinantes porque lo que se anuncia hoy es lo que se construirá en los próximos dos años. Si la tendencia sigue a la baja, 2026 y 2027 serán periodos críticos para el empleo y para las más de 36 economías que dependen de la construcción”, señaló Baza.
En comparación, 2023 tuvo un mejor desempeño que 2024, y este último superó a 2025 en curso. En cuanto a ventas, el comportamiento también es negativo, con descensos que afectan la dinámica regional. En julio de 2025, las ventas presentaron un descenso del 11 %, explicado por la caída del 22 % en la vivienda de interés social (VIS). Sin embargo, en iniciaciones de obra se observa un ligero repunte frente al año pasado, aunque aún lejos de los niveles registrados en 2018, 2020 o 2022.
Otro aspecto relevante es la reducción en el número de renuncias, lo que se explica porque muchos compradores decidieron sostener sus créditos y asumir la cuota inicial, pese al cierre del programa Mi Casa Ya en diciembre pasado por falta de recursos.
Persiste el flagelo
Las mayores repercusiones se presentan en la vivienda social, que representa el 70 % de la oferta habitacional del país. Al no contar con subsidios nacionales, el impacto es mayor en comparación con el segmento no VIS, donde se han mantenido inversiones en rentas cortas, locales comerciales y proyectos de vivienda media y alta.
Frente a este panorama, Baza resaltó que otras regiones como Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Valle y Antioquia han implementado subsidios locales para vivienda social con recursos de alcaldías y gobernaciones, lo que ha permitido mantener la dinámica económica y el empleo. “Risaralda debería replicar este modelo. Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, junto con la Gobernación, necesitan destinar recursos propios para mitigar la crisis”, advirtió.
El director de Camacol Risaralda también insistió en la necesidad de adoptar una visión de largo plazo. “No podemos seguir con planes cortoplacistas que cambian cada cuatro años. Pereira fue identificada por el DNP como una de las grandes aglomeraciones urbanas del país y se requieren políticas públicas prospectivas en vivienda, transporte, infraestructura y sostenibilidad”, enfatizó.
De cara al próximo semestre, las expectativas dependen de decisiones locales en materia de planeación y ordenamiento territorial. Entre los retos se destacan la revisión del POT en Santa Rosa, los ajustes en Dosquebradas y la implementación efectiva de la plusvalía en Pereira. “Solo con la articulación entre sector público y privado podremos garantizar que la construcción siga siendo motor de desarrollo y empleo para Risaralda”, concluyó Baza.
Gobierno dará nuevo subsidio para vivienda usada
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0775 de 2025, que habilita un subsidio familiar de vivienda para la compra de inmuebles usados, en desarrollo de la Ley 3 de 1991. El apoyo puede llegar hasta 22 salarios mínimos (equivalentes a $31,3 millones en 2025), según ingresos y clasificación en el Sisbén IV. Para acceder, los hogares deben estar entre los niveles A1 y D20 del Sisbén, no ser propietarios de vivienda y contar con al menos un integrante registrado como víctima del conflicto armado.
