El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha marcado un punto de quiebre en el debate económico del país. Con un incremento del 23,8 %, el ingreso mínimo legal se eleva a dos millones de pesos, incluidos el salario y el auxilio de transporte, una cifra que el Ejecutivo ha denominado “salario vital” y que ha generado reacciones encontradas entre distintos sectores.
La medida, calificada por algunos analistas como una ruptura con la ortodoxia económica, ha despertado temores sobre un posible repunte de la inflación y un aumento del desempleo, especialmente en los sectores más sensibles del mercado laboral. Desde la oposición política, los gremios empresariales y parte de la academia, el anuncio ha sido recibido con cautela e incluso con preocupación por sus efectos a mediano plazo.
Sin embargo, la decisión también ha sido celebrada por centrales obreras y sindicatos, que consideran el incremento como un alivio para millones de trabajadores afectados por el alto costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Para estos sectores, el aumento representa un avance en la dignificación del trabajo y en la reducción de brechas sociales.
Para analizar el alcance de esta alza, inédita en la historia reciente del país, tres economistas de amplio reconocimiento ofrecieron su lectura sobre los posibles escenarios que se abren para la economía colombiana. Jorge Restrepo, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), advierte que un incremento de esta magnitud puede generar presiones inflacionarias si no está acompañado de un aumento en la productividad.
Por su parte, Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, señala que el principal riesgo está en el mercado laboral formal, donde las pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar mayores dificultades para sostener el empleo. En contraste, Salomón Kalmanovitz, profesor emérito de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ex codirector del Banco de la República, considera que el impacto dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para contener los efectos inflacionarios y fortalecer la política social.
Así, el nuevo salario mínimo se convierte en una apuesta de alto riesgo y alto impacto, que divide opiniones entre el optimismo de quienes celebran una mejora inmediata en los ingresos y el temor de quienes alertan sobre posibles desequilibrios económicos. El verdadero alcance de la medida comenzará a medirse en los próximos meses, cuando sus efectos se reflejen en el empleo, los precios y la dinámica productiva del país.
