De acuerdo con expertos, el incremento del salario mínimo afectará con más fuerza a regiones como Pereira y Risaralda por su alta formalidad laboral.
El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro para 2026, del 23,7 %, que elevó el ingreso mensual a cerca de dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, tendrá un mayor impacto en las empresas de Pereira y del departamento de Risaralda que en otras regiones del país. Esto se explica por un tejido empresarial dominado, en su mayoría, por micro y pequeñas empresas, y por niveles de formalidad laboral altos. Así lo advirtió Óscar Jiménez, economista del Laboratorio de Desarrollo Territorial de Risaralda de la Sociedad de Mejoras de Pereira – ProRisaralda.
De acuerdo con el analista, el ajuste no solo incrementará la presión sobre los costos empresariales, sino que profundizará la brecha entre salarios y productividad. “Si pagar a un trabajador pasa a costar cerca de 2,9 millones de pesos y ese trabajador sigue produciendo 2,5 o 2,7 millones, el empleador empieza a trabajar a pérdida”, explicó. En ese contexto, advirtió que muchas empresas no tienen margen de maniobra. “Si la productividad del trabajo no crece, la única solución posible ante un crecimiento de salarios es dejar de tener al trabajador”.
Quiénes sí se benefician
El economista también subrayó que, aunque el salario mínimo es una referencia legal obligatoria, su impacto efectivo resulta limitado. En Colombia hay cerca de 23 millones de trabajadores; sin embargo, el incremento solo aplicará a quienes cuenten con un contrato laboral formal como asalariados, que representan alrededor del 40 % de la fuerza laboral. Incluso dentro de ese grupo, el efecto directo recaerá únicamente sobre quienes devengan exactamente el salario mínimo.
Jiménez aclaró que los trabajadores formales que ganan por encima de ese umbral no recibirán un ajuste automático. “La norma no obliga a que se aumenten de manera general todos los salarios, sino solamente el salario mínimo”, por lo que cualquier incremento adicional quedará sujeto a acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores.
Qué sí sube y qué no
Jiménez aclaró que los arriendos no están indexados al salario mínimo, sino al IPC, que para este año ronda el 5,3 %. Lo que sí se incrementa en esa proporción son los bienes y servicios tasados en salarios mínimos, como multas de tránsito, sanciones administrativas, trámites notariales, autenticaciones y varios costos del sistema de salud.
Uno de los impactos más fuertes recaerá sobre los trabajadores independientes. “Un trabajador independiente que cotiza sobre un salario mínimo pasa de pagar cerca de 407.000 pesos a casi 492.000 pesos mensuales”, advirtió. En cuanto a las cuotas de administración, explicó que no están indexadas por ley, pero tenderán a subir porque sirven para pagar vigilantes y personal de servicios generales, que generalmente ganan el salario mínimo. El ajuste, sin embargo, deberá ser aprobado por las asambleas de copropietarios.
Calidad del empleo
El economista consideró que el aumento sí afectará la calidad del empleo. En primer lugar, porque muchas empresas redistribuirán cargas laborales. “Donde antes había tres o cuatro personas, ahora quedarán dos o tres, o incluso menos”, señaló. En segundo lugar, aumentará la incertidumbre laboral, especialmente entre trabajadores de baja productividad, ante un mayor riesgo de despidos. Y, en tercer lugar, se ampliará la barrera de entrada a la formalidad.
Un golpe fuerte para Risaralda
El impacto, según el economista, será especialmente fuerte en Pereira y Risaralda. Aunque la informalidad ronda el 40 %, la capital risaraldense ha estado entre las cuatro o cinco ciudades más formales del país en los últimos años.
“Esto nos afecta de forma muy fuerte como región, no solo a Risaralda sino a todo el Eje Cafetero, porque somos ciudades relativamente más formales”, afirmó. Precisamente por eso, el sector empresarial local sentirá con mayor intensidad el incremento de los costos laborales.
Jiménez advirtió que la informalidad ya venía en aumento. Pereira llegó a registrar tasas cercanas al 33 % a finales de 2024, pero posteriormente volvió a marcar niveles alrededor del 45 %. “Con este incremento, la informalidad seguramente seguirá creciendo”, concluyó.
Finalmente, el economista subrayó que el problema de fondo no es una supuesta confrontación entre empresarios y trabajadores, sino la baja productividad laboral del país. “Los salarios tienen una relación directa con la productividad del trabajo”, concluyó, al advertir que sin mejoras estructurales en productividad, los aumentos salariales seguirán generando tensiones en el mercado laboral.
Colombia está en el top 5 de los salarios más altos de América Latina
Jaime Edison Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, indicó que este incremento deja a Colombia como el país con el quinto salario mínimo más alto de América Latina, solo superado por Costa Rica, México, Uruguay y Chile. “Los argumentos son de una amplia gama. Por una parte, escuchamos las ideas tradicionales de que incrementos reales altos, como el que acaba de darse, generarán presiones inflacionarias, costos de operación más altos para las empresas, sobre todo las más pequeñas, y, por tanto, una mayor informalidad. Es muy temprano para anticipar efectos de este tipo, más aún, cuando el país ha tenido un comportamiento positivo en materia de desempleo”, indicó el académico.
¿Qué piensan empresarios y expertos?
Diego Gómez, gerente general de Confetex de Colombia: “El incremento del salario mínimo legal para 2026 en Colombia tendrá un impacto significativo en el sector textil–confección, una de las industrias más intensivas en mano de obra del país. En este sector, cerca del 80 % de los costos de producción corresponden a salarios y cargas laborales, por lo que cualquier ajuste al salario mínimo se refleja de forma directa en los costos empresariales”.
Iván Muñoz, director regional Acopi Centro Occidente: “No hubo ninguna negociación, lo que hizo fue una decisión unilateral que perjudica todo el tejido empresarial o al 95 % del tejido empresarial del país que son las MiPymes porque nos saca de competitividad y lo que va a obligar es a que al final del día la informalidad sea la que se imponga en el país”.
Daniel Velandia, managing Director del Equipo de Research de Credicorp Capital: “El aumento decretado del salario mínimo podría implicar un gasto fiscal adicional por cerca de ~0.4% del PIB en 2026 vs. lo que estaba consignado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), imponiendo riesgos adicionales sobre nuestra estimación de déficit fiscal de 7 % del PIB en 2026, así como sobre las razones de deuda. Para el 2027, el impacto podría ser incluso el doble”.
