Qué garantía van a ofrecer los resultados del próximo 8 de marzo y los del 31 de mayo, si en muy buena parte de los municipios los ciudadanos no podrán concurrir libremente a las urnas.
No puede ser más oscuro y preocupante el horizonte en materia de riesgo electoral por fraude y violencia, tanto para las elecciones de congreso y las consultas que se realizarán el próximo 8 de marzo, como para las que se cumpliran el 31 de mayo cuando el país vote para elegir al próximo presidente de los colombianos.
Según el informe que acaba de entregar la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el panorama de las elecciones del 2026, para cámara de representantes 383 municipios y corregimientos del país, es decir la tercera parte de todas las poblaciones, tiene algún nivel de riesgo de fraude electoral, en 64 riesgo extremo, en 100 riesgo alto y en 219 riesgo medio.
En cuanto a la elección para el Senado, el mismo documento dice que 334 municipios y corregimientos presentan algún factor indicativo de riesgo de fraude electoral, lo que representa el 29.8% del total de los municipios. De estos, 46 están en un riesgo excesivamente alto, 91 en un riesgo alto y 197 en peligro medio.
Por supuesto, estos municipios no representan, ni en cuanto a senado de la república, ni en cuanto a cámara de representantes, un tercio de la población del país; pero cómo es posible que en la tercera parte del territorio nacional haya riesgos de presentarse fraude o constreñimiento electoral.
Qué garantía van a ofrecer los resultados del próximo 8 de marzo y peor aún los del 31 de mayo, si en muy buena parte de los municipios del país los ciudadanos no podrán concurrir libremente a las urnas y votar por el candidato de sus preferencias, o lo que es peor, los informes no reflejan la verdad de lo que pasó en las urnas, sino lo que digan los actores que tienen el control en cada región.
Seguramente el constreñimiento electoral tendrá menos efecto en la elección para el senado de la república, porque la circunscripción es nacional y las poblaciones más amenazadas tienen un bajo potencial electoral; pero no ocurre igual para la cámara de representantes donde, no importa el número de votos, las curules a proveer son las mismas y luego el voto del elegido tiene el mismo valor en el Congreso.
Que podrá ser del país, de su democracia y de la independencia con que debe actuar el Congreso al momento de tomar las decisiones más trascendentales para su vida institucional, cuando la tercera parte de los representantes a la cámara y un porcentaje importante de senadores obedezca no a los intereses de Colombia, sino a las organizaciones y grupos que los hicieron elegir.
Es urgente que las entidades electorales, las autoridades nacionales y regionales, los entes de vigilancia y control y los organismos electorales le pongan la atención que merece el informe de la Misión de Observación Electoral y tomen las medidas que sean necesarias para garantizar la libre participación ciudadana y la transparencia en las elecciones tanto del 8 de marzo como del 31 de mayo.
