La disputa institucional en Colombia por la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro para sacar adelante su reforma laboral continúa escalando. Este martes, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió un oficio formal al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, en el que ratificó que el Congreso ya se pronunció en contra del mecanismo de participación ciudadana.
En la comunicación, Cepeda precisó que el pasado 14 de mayo, durante sesión plenaria, el Senado votó negativamente la solicitud del Gobierno con una estrecha diferencia: 49 votos por el “No” frente a 47 por el “Sí”. “La solicitud fue negada (…) mediante votación nominal, tal como consta en la certificación de dicha votación expedida por el Secretario General del Senado”, subraya el documento.
El Gobierno insiste en el decreto
A pesar del pronunciamiento legislativo, el Ejecutivo mantiene su intención de convocar la consulta por decreto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostiene que el Senado nunca leyó ni debatió formalmente una proposición, como lo exige el reglamento del Congreso (Ley 5.ª de 1992), y por tanto, asegura que no hay un concepto válido sobre el mecanismo.
Además, desde el Gobierno se han ventilado denuncias sobre supuestas irregularidades durante la votación, como un cierre apresurado y posibles inconsistencias en el conteo de votos. Sin embargo, estas afirmaciones han sido rechazadas por la mesa directiva del Senado.
El Senado niega irregularidades
El secretario general del Senado, Diego González, desmintió cualquier señalamiento de fraude. Afirmó que el procedimiento fue público, deliberado y ajustado a la legalidad. En su respuesta, recalcó que lo votado fue una solicitud de concepto y no una proposición como tal. “El Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo”, aclaró.
Obstáculos jurídicos para la consulta
Frente a este escenario, el exregistrador Nacional, Alexander Vega, advirtió que si el Gobierno expide el decreto sin el aval del Congreso, la Registraduría no estaría habilitada para continuar con el proceso. “Es una irrealidad jurídica pensar que se puede convocar a una consulta popular de esa manera”, afirmó Vega, sugiriendo que cualquier intento en ese sentido podría ser anulado posteriormente.
La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, sumada a las advertencias legales, mantiene en vilo el futuro del mecanismo propuesto por el presidente Petro. Por ahora, la última palabra podría recaer en la Corte Constitucional, si el decreto es finalmente expedido y demandado ante ese alto tribunal.
