Óscar Osorio Ospina
En la reunión que convocó la Defensoría Nacional del Pueblo la semana que finaliza buscando fórmulas de acuerdo para normalizar el flujo de recursos entre las EPS y las IPS, se escuchó la voz del gerente del Hospital Nazaret de Quinchía (Risaralda), Carlos Andrés Posada, que dejó en evidencia la gravedad de la crisis del sector salud.
“La mayoría de los hospitales de primer nivel no tenemos presupuesto para funcionar a partir del 1º de octubre”, indicó el funcionario.
La mesa de trabajo tenía por objeto establecer acuerdos entre las EPS y las IPS para activar los giros de dineros frente a una deuda que las primeras tienen con los hospitales y clínicas, la cual supera los $360.000 millones, según lo anotó la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda AISalud, Olga Lucía Zuluaga. Pero al entregar el balance de la mesa de trabajo afirmó que los avances fueron muy pocos: “el encuentro dejó un sabor agridulce, debido a que nuevamente no se definieron acciones contundentes ni compromisos claros de las EPS, en especial de Nueva EPS, para garantizar los pagos, acorde con los servicios que se vienen prestando, incluso no se ha cumplido con el pago completo de los contratos bajo la modalidad de capitación para los hospitales de baja complejidad”.
En esa apreciación coincidió el gerente del Hospital Nazaret, Carlos Andrés Posada, quien expresó su escepticismo frente a los resultados de estas reuniones: “Nos hemos sentado ene veces a través de la Asociación de Hospitales y la Secretaría de Salud Departamental, pero no hay voluntad y cada que hay un cambio de interventor no reconoce nada de lo que hay anterior, ni liquidaciones de contratos, ni pagos a la cápita”.
El hospital de Quinchía, con un presupuesto anual de $10.000 millones, tiene una cartera por cobrar de $4.500 millones, de los cuales $1.300 millones corresponden a las deudas de Asmet Salud y $1.000 millones a la Nueva EPS. El presupuesto mensual es de unos $1.000 millones, pero solo logra recaudar $600 millones, lo que significa un déficit acumulable de $400 millones.
Las deudas hoy
Según la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda AISalud a la fecha las deudas de las EPS activas con los hospitales públicos ascienden a $203.371 millones: $45.357 millones del régimen contributivo y $158.014 millones del subsidiado.
En el caso del régimen contributivo, las cuatro EPS que acumulan el mayor volumen de deudas con los hospitales públicos son, en su orden: Nueva EPS $13.923 millones, SOS $5.206 millones, Coosalud $3.684 millones y Salud Total $2.544 millones. Y en el subsidiado, el escalafón es el siguiente: Asmet Salud $35.779 millones, Coosalud $22.953 millones, Pijao Salud $22.747 millones y Salud Total $4.404 millones.
Ahora, entre las EPS liquidadas en donde se quedaron en el limbo importantes recursos de la red pública, el liderato indiscutido lo ocupa Medimás con un total de $83.298 millones, de los cuales $68.259 millones corresponden al régimen subsidiado y $15.038 millones al contributivo.
Así que como se advirtió, sino no se logra que las EPS giren los recursos adeudados, en menos de tres semanas buena parte de los hospitales de primer nivel en Risaralda no tendrán como funcionar.
Veamos otros dos ejemplos: el Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, con un presupuesto anual de $22.000 millones, tiene una cartera por cobrar de $11.000 millones de los cuales sólo la Nueva EPS le adeuda $6.000 millones. Y el Hospital San Vicente de Paul de Santuario tiene un presupuesto de $6.000 millones y la Nueva EPS le debe $800 millones, lo que da una idea del impacto negativo de esa cartera.
El caso San Jorge
La situación financiera del Hospital Universitario San Jorge de Pereira es realmente crítica, por la misma razón: el incumplimiento en los pagos de las EPS.
El gerente Javier Alejandro Gaviria Murillo indicó que con corte al 31 de julio, la cartera vencida asciende a $205.702 millones, de los cuales $87.000 millones corresponde a las EPS activas. Las siete deudoras más relevantes son: Coosalud con $22.259 millones, Pijao Salud $22.160 millones, Nueva EPS $18.809 millones, ADRES $8.212 millones, Sanidad Militar $7.869 millones y Asmet Salud $7.730 millones.
Agregó que uno de las situaciones más criticas corresponde a la EPS indígena Pijao Salud con la cual el San Jorge no tiene contrato desde hace un año, pero continúa prestando el servicio de urgencias dado que su población de usuarios es muy vulnerable y en sus instalaciones permanecen hospitalizados unos 30 pacientes.
Pijao Salud recibe alrededor de $3.500 millones mensuales del ADRES para prestar el servicio de salud a unos 31.000 indígenas en Risaralda, pero a la red pública sólo le gira alrededor de $1.600 millones. Por ejemplo, el San Jorge le factura al mes alrededor de $1.300 millones, pero solo recibe pagos de $300 millones em promedio. En cuanto a la EPS Coosalud, que encabeza actualmente el ranking de los mayores deudores del Hospital, la facturación mensual es de unos $3.500 millones, pero los giros no superan los $1.500 millones.
Y la situación tienden a empeorar, puesto que en la medida en que las clínicas privadas le siguen cerrando las puertas a los afiliados a las EPS que no pagan sus obligaciones, los pacientes están acudiendo por Urgencias al San Jorge en busca de alivio para sus patologías y dolencias. Aún así el San Jorge no ha cerrado servicios.
Las causantes
En estas condiciones no es exagerado decir que son cuatro las EPS activas que tienen en calzas prietas a la red de hospitales públicos en Risaralda. Son ellas, en orden aleatorio, la Nueva EPS, Pijao Salud, Coosalud, Asmet Salud. El caso más dramático corresponde a la Nueva EPS, cuyos usuarios no reciben atención oportuna ni tampoco entrega de medicamentos, lo que los ha llevado a realizar permanentes plantones frente a la sede de la entidad, sin lograr avances efectivos, a pesar de haber sido intervenida hace más de un año por el Ministerio de -Salud y Protección Social. Y entre las inactivas y liquidadas, el escalafón lo encabeza Medimás.
Con respecto de la Nueva EPS, la Contraloría General de la República entregó un informe sobre su situación financiera, cuyas cifras causan tanto asombro como preocupación: “…con corte a marzo de 2025, la EPS acumulaba $21,3 billones en cuentas por pagar, así como $10,5 billones en anticipos pendientes de legalizar y $8,7 billones en facturas sin procesar”.
