Tuluá, corazón del Valle del Cauca, vive horas de zozobra. La ciudad fue sacudida desde este miércoles 4 de junio por una serie de hechos violentos que incluyeron la quema de vehículos y alteraciones del orden público, luego de que se anunciara oficialmente la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, a los Estados Unidos.
El traslado de Marín, líder de la temida estructura criminal La Inmaculada, encendió las alarmas en la región. Desde tempranas horas, las autoridades reportaron ataques coordinados, presuntamente ordenados por la misma organización delictiva en represalia por la decisión judicial. Los incidentes llevaron a la Alcaldía de Tuluá a decretar toque de queda desde las 6:00 p.m. del miércoles hasta las 5:00 a.m. del jueves 5 de junio.
Alias Pipe Tuluá fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde la cárcel La Picota hasta la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá. Se encuentra condenado a 30 años de prisión por una larga lista de crímenes: al menos 39 asesinatos confirmados, siete tentativas de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Pese a estar tras las rejas, logró seguir operando su organización criminal gracias a redes de corrupción dentro del sistema penitenciario.
Según la Fiscalía, entre 2011 y 2017, Pipe habría ordenado la ejecución de 46 homicidios, incluyendo crímenes contra miembros de su misma banda, un guardia del Inpec y hasta un cerrajero. Su influencia se extendió más allá de Tuluá, llegando a Popayán, Armenia y La Tebaida, donde impuso su dominio con extorsiones y amenazas contra comerciantes, transportadores y ganaderos.
La reacción violenta tras la noticia de su extradición no fue una sorpresa para las autoridades. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez, y el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, sostuvieron una reunión de emergencia para evaluar la situación. “Esta es una reacción desesperada de quienes le temen a la justicia”, declaró el ministro, confirmando que la Fuerza Pública está desplegada en toda la zona.
Triana, por su parte, informó que se activaron operativos especiales no solo en Tuluá, sino también en municipios aledaños, con el fin de desarticular las redes logísticas de La Inmaculada y capturar a los responsables de los disturbios. Además, se puso a disposición la línea 147 para que la ciudadanía denuncie actividades relacionadas con terrorismo y crimen organizado.
Las alarmas ya estaban encendidas desde hace semanas, cuando se conoció un presunto plan de fuga que involucraba sobornos por más de 800 millones de pesos. Según investigaciones preliminares, ese dinero fue recaudado a través de extorsiones y habría estado destinado a sobornar funcionarios penitenciarios para facilitar su escape antes de ser extraditado.
Hoy, Tuluá no solo enfrenta las consecuencias de un poder criminal que opera desde las sombras, sino que también revive una vieja herida: la del control territorial que por años han disputado bandas armadas en su territorio. El nombre de Pipe Tuluá, por ahora, queda grabado como símbolo del miedo, la corrupción y la urgencia de una justicia que logre cortar de raíz el poder de estructuras criminales como La Inmaculada.
Mientras tanto, los tulueños miran con temor hacia la noche, esperando que la fuerza del Estado logre frenar la violencia que, una vez más, los toma como rehenes.
