La orden de captura dictada por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente del Senado,Ivan Name y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por supuestamente haber recibido el primero 3.000 millones  de pesos y el segundo mil, a cambio de votar o facilitar el trámite de las reformas propuestas por el Gobierno, especialmente la de salud y la laboral, es un golpe mortal a la imagen del Congreso y a la ya maltrecha credibilidad de sus miembros.

Que unas personas a quienes un número importante de ciudadanos le confiaron con el voto su representación en las decisiones importantes para el país y como si fuera poco el propio congreso les encargó la responsabilidad de dirigirlo, no solo hayan vendido su voto, sino exigido dinero para incluir en el orden del día el estudio de las iniciativas del Ejecutivo; no solo es un delito grave, sino un engaño a sus electores y al país.

En el caso del senador Name, la afrenta a los colombianos es todavía más indignante porque, además de ofender a la democracia negociando su dignidad de presidente del Congreso y su voto, hizo la pantomima de cuestionar severamente al presidente Petro y a sus iniciativas, pero a renglón seguido hizo todo lo que el gobierno le pidió y necesitaba para que el trámite no tuviera tropiezos y avanzaran

Esto sin tener en cuenta que el expresidente Name salió electo por un partido que de un lado, interpreta, según sus principales voceros, la renovación y el cambio de las viejas costumbres clientelistas y del otro, ayudó a elegir al presidente Petro y hace parte de sus gobierno y por tanto tiene el compromiso de apoyar, sin ninguna exigencia económica, sus proyectos y políticas.

Y en el caso del expresidente de la Cámara, su condición es parecida. Fue elegido por el Partido Liberal, colectividad que si bien se ha declarado en oposición al gobierno, su responsabilidad como máxima cabeza de la Corporación, era darle el trámite a las iniciativas del Ejecutivo y todas las garantías para su oportuna discusión sin ninguna exigencia burocrática y menos económica.

Conocer ahora que quienes presidían tanto el Senado como la Cámara, tenían precio para facilitar la discusión de los proyectos del gobierno, para incluirlos oportunamente en el orden del día, para hacerles buen ambiente y para ayudar a conseguir los votos que permitirán su aprobación, es una bofetada a la credibilidad del Congreso.

Lo más doloroso de esto es que la actitud de los congresistas Name y Calle no parece ser un comportamiento aislado. Todos los días aparece un nuevo caso que vincula a senadores y representantes a investigaciones por corrupción o por cambio de su voto o de su asistencia a las sesiones por dinero o por contratos o por puestos. Dolorosamente, cada vez es más difícil creer en la independencia del Congreso y en la integridad de sus miembros.