Con dolor se registra hoy el 40 aniversario de aquella indescriptible jornada en la que murieron juristas insignes, honestos servidores de la justicia y hombres de bien a manos de unos apátridas.
Se conmemora hoy y mañana el cuadragésimo aniversario de aquella luctuosa fecha en que las hordas salvajes intentaron, sin lograrlo, demoler las instituciones democráticas y enjuiciar ante el mundo al Presidente de la República en un proceso breve y sumario cuyo fallo ya estaba convenido.
Fue el día en que un grupo de amnistiados e indultados del movimiento subversivo M-19, se tomó a sangre y fuego la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y fusiló sin consideraciones a casi la totalidad de los magistrados, a algunos consejeros, a varios colaboradores de la justicia y a muchos colombianos que por acaso estaban a la hora de la toma en el interior del Palacio de Justicia y les correspondió pagar con su vida las demenciales actitudes de unos hombres que fueron inferiores a la generosidad de un presidente que los había perdonado, indemnizado y dado trato preferencial.
Se tenía la esperanza de que después de aquel atroz acontecimiento, que nunca será descrito para la historia en sus reales y exactas dimensiones, la justicia resplandecería; que aquellos hombres que quisieron demoler el estado de derecho, recibirían cuando menos el juicio de la historia; y que quienes soportaron con admirable integridad y fortaleza el chantaje de los asaltantes y después de haber agotado todos los caminos posibles en busca de una salida humana al conflicto, se vieron obligados, por la fidelidad del juramento y en defensa de las instituciones, a ocupar a la fuerza la sede de la justicia, así tuvieran que poner en peligro la vida de muchos colombianos y sacrificar la existencia de una veintena de magistrados; serían exonerados de toda culpa y recibirían el reconocimiento nacional.
Pero no, opuesto a lo que se pensaba, ocurrió todo lo contrario. Mientras el presidente Betancur fue investigado y puesto en la picota pública por el Congreso de la República, por una supuesta falta al no haber ordenado el cese al fuego y permitir que resultaran inmoladas la Corte y el Consejo de Estado, y mientras el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas, encargados de la operación de desalojo del Palacio, fueron destituidos por orden de la Procuraduría e investigados por violar el Derecho de Gentes, a los verdaderos culpables del dantesco episodio, nadie los investigó ni nadie se preocupó de castigarlos.
Causa indignación que 40 años después, los únicos responsables de aquel episodio que conmovió a los colombianos, estén ahora no solo perdonados y gozando de todas las garantías sociales, sino ocupando las más altas dignidades y recibiendo de los cuerpos de seguridad del Estado protección y respeto; y que los hombres que expusieron sus vidas y su prestigio con abnegación, son quienes ahora aparecen condenados y repudiados precisamente por quienes deben velar porque haya justicia en Colombia.
Con dolor de patria registramos hoy el cuadragésimo aniversario de aquella indescriptible jornada en la que murieron juristas insignes, honestos servidores de la justicia, abogados destacados y hombres de bien a manos de unos apátridas que sólo buscaban poner de rodillas las instituciones democráticas.
