La violencia sexual es uno de los delitos que más han crecido en el país y el departamento, con su capital a la cabeza, no es la excepción.
Entre el primero de enero de este año y el 30 de septiembre pasado, las autoridades del Departamento han recibido 421 denuncias por abuso sexual, de las cuales 249 corresponden a nilos y niñas. Y algo más dramático, en el 90% de los casos su agresor es un miembro de su núcleo familiar o una personas que convive con la víctima bajo el mismo techo.
La violencia sexual es uno de los delitos que más han crecido en el país y el departamento, con su capital a la cabeza, no es la excepción. Y también, la falta de capacidad de las autoridades para investigarlos y de efectividad de la justicia para castigar a los responsables, son las que cargan con las cifras más altas de impunidad.
Todos los días las autoridades reciben denuncias y se conocen casos aberrantes de abuso sexual contra menores, especialmente de niñas; sin embargo, las investigaciones no avanzan y en la inmensa mayoría de los casos los autores y responsables de estas criminales acciones, siguen libre e inclusive conviviendo con sus víctimas.
Esto con un agravante y es que este es uno de los delitos que tiene un mayor subregistro. Por razones que van desde el miedo a las represalias del victimario, hasta la desconfianza en la Justicia, pasando por la decisión de no exponer al escarnio público a la víctima, sus familiares, cuando se trata de un menor, o el propio agredido, deciden guardar silencio y no poner la denuncia respectiva.
Esto significa que si las cifras conocidas son aterradoras, las reales deben ser sencillamente tenebrosas. Todo en medio de la falta de una política clara del Gobierno para combatir este delito, para prevenir los casos donde los niños y adolescentes están en riesgo alto de ser víctimas de un abuso sexual y para intervenir a tiempo y alejar a las victimas de sus victimarios cuando las señales son claras de presencia de este delito.
Esto sin hablar de la dificultad, por no decir la imposibilidad de la víctima o de sus padres y familiares, para poner la denuncia respectiva. Los procedimientos para denunciar esta clase de delitos, no pueden ser, por sus especiales característica, las corrientes, las de un delito cualquiera; sino que debe haber ciertas condiciones especiales y facilidades para que las víctimas, especialmente los menores de edad, puedan recurrir sin dificultad ante las autoridades y denunciar los casos de violencia sexual.
El abuso y la violencia sexual, pues, son delitos que necesitan con urgencia una política pública que permita, de un lado combatir y prevenir su práctica y del otro, castigar con la efectividad, prontitud y severidad que el delito amerita; y que evite que sigan creciendo, a la la velocidad y con la complacencia del silencio de todos, los casos de agresión sexual cinrra menores de edad.
