La experiencia demuestra que, más allá de sus buenas intenciones, esta ley en la práctica de poco sirve y en cambio sí termina siendo un obstáculo para la gestión pública y el desarrollo regional.
Desde el pasado sábado 8 de noviembre entró en vigencia la llamada Ley de Garantías Electorales, un mecanismo concebido para evitar el uso indebido de los recursos públicos con fines políticos en los meses previos a unas elecciones y garantizar la igualdad de condiciones entre los partidos políticos y sus candidatos.
Su espíritu fue sin ninguna duda loable. Preservar la equidad en la competencia electoral, impedir que los gobernantes de turno utilicen la contratación estatal para favorecer a sus candidatos y asegurar que el poder del Estado no se convierta en instrumento de campaña, es un propósito noble. Sin embargo, la experiencia demuestra que, más allá de sus buenas intenciones, esta ley en la práctica de poco sirve y en cambio sí termina siendo un obstáculo para la gestión pública y el desarrollo regional.
Durante los cuatro meses que anteceden a los comicios, la norma impide a alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional celebrar convenios interadministrativos y realizar nuevos contratos que puedan interpretarse como una forma de clientelismo. Pero lo que realmente pasa es que lo que no se puede hacer en este tiempo, se hace antecitos de su entrada en vigencia.
Además, su aplicación genera una parálisis significativa en la ejecución de obras, en la atención de necesidades sociales y en la continuidad de proyectos estratégicos que dependen de la cofinanciación entre la Nación y los entes territoriales. Obras viales, escuelas, programas de vivienda y de atención a poblaciones vulnerables quedan en espera, justo en el tramo final de los gobiernos locales, cuando la ciudadanía espera resultados.
La paradoja es evidente: una ley creada para proteger la democracia termina afectando la eficiencia del Estado y perjudicando a los ciudadanos. Su rigidez no distingue entre actos de corrupción y gestiones legítimas, ni contempla salvaguardas suficientes para no detener el desarrollo regional. De ahí que cada vez más voces reclamen su revisión o, al menos, una modernización que permita conjugar transparencia con eficacia administrativa.
En un contexto en el que los mecanismos de control, la vigilancia ciudadana y la tecnología terminan siendo poco efectivos al momento de cuidar las actuaciones de los gobernantes y gasto público, vale la pena preguntar si la Ley de Garantías Electorales, tal como está concebida, sigue siendo útil en su forma actual.
Tal vez no se trata de eliminarla, sino de ajustarla. Nadie discute la necesidad y conveniencia de mantener algunos controles sobre la cada día más común participación de los mandatarios locales, regionales e inclusive nacionales en las campañas políticas; pero sin permitir que los proyectos esenciales se detengan por una restricción generalizada.
El país necesita reglas que garanticen elecciones limpias, pero también gobiernos que no se vean maniatados en su gestión. La transparencia no debe ser sinónimo de inmovilidad, ni la prevención de abusos un castigo para el desarrollo. Modernizar la Ley de Garantías sería un paso importante hacia un país que combine ética pública con eficacia en la acción.
