Lo grave son no solo todas las familias que se están quedando sin vivienda a pesar de haber cumplido todos los requisitos, sino los constructores que adelantaron los proyectos.
Es entendible que el gobierno del presidente Petro haya suspendido todos los programas de subsidios para vivienda que venían de la administración anterior. Cada gobierno e inclusive cada ministro tiene su propia visión sobre los estímulos y ayudas a las familias que hacen esfuerzos por tener techo propio, y también sus propias prioridades para la entrega de estos subsidios.
Por eso, los colombianos y por supuesto los constructores, entendieron la decisión de suspender la entrega de todos los subsidios para vivienda y especialmente los del programa Mi Casa Ya, mientras revisaba las condiciones del programa, las bases de datos, los requisitos de postulación y los escogidos.
Lo que si nadie ha entendido es como diez meses después de iniciado el gobierno, de múltiples reuniones con el gremio de los constructores, de revisar lo que estaba adelantado y de ponerle el tamiz a las aprobaciones, el programa Mi Casa Ya y los desembolsos a las familias que cumplen con los requisitos, siguen parados.
Hace ya varias semanas la Ministra de Vivienda anunció con la acostumbrada algarabía la reanudación de la entrega de los subsidios a las familias que, teniendo todos los requisitos cumplidos y superada la revisión del actual Gobierno, tuvieran aprobada la ayuda oficial; sin embargo, esto está lejos de lo que ha sido la realidad.
A hoy en Risaralda, para no hablar sino de este departamento, solo se han asignado 111 subsidios de los 1943 que correspondían al año pasado y de los 3812 programados para este año, y de esos solo 13 son en Pereira, lo que demuestra el estado de parálisis del programa.
Lo grave de esto son no solo todas las familias que se están quedando sin vivienda a pesar de haber cumplido todos los requisitos del programa, incluyendo el ahorro exigido por el Gobierno Nacional, sino los constructores que, contando con los negocios hechos con base en el subsidio oficial, adelantaron los proyectos e hicieron las millonarias inversiones.
Ahora los constructores tendrán que salir a vender las vivienda que ya tienen construidas a personas que no dependan del subsidio del gobierno, para poder recuperar la cuantiosa inversión hecha y en muchos casos pagar los créditos puente conseguidos con el sector financiero mientras salía la ayuda oficial.
La otra consecuencia inmediata de la indecisión del Gobierno, es la pérdida de un número importante de empleos. La construcción es una de las actividades mayor generadoras de empleo y con la parálisis de los proyectos de vivienda de interés social, son muchas las personas que se están quedando sin trabajo.
Es urgente entonces que el Gobierno entregue los subsidios de vivienda que están aprobados, agilice el estudio y aprobación de los que están en trámite y revise las nuevas condiciones que impuso para quienes no tienen vivienda, si es que de verdad quiere que más familias colombianas tengan techo y menos personas se queden sin empleo.
