Ojala, el fallo de la Corte reduzca la fiesta de la contratación “a dedo” que ha armado la administración Petro y que tiene envuelto al país en un solo escándalo de corrupción.
La Corte Constitucional declaró inexequible la norma que le permitía al nuevo Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), creado el año pasado por el Gobierno, suscribir contratos de ejecución de obras sin límite de cuantía y bajo la modalidad de contratación directa, con organizaciones de acción comunal, organismos sociales y cabildos indígenas.
El Alto Tribunal consideró que en las facultades extraordinarias concedidas al Presidente en el Plan Nacional de Desarrollo 2023 “no se hizo mención a la posibilidad de que, en el contexto de dicha definición, pudiera determinar que esa entidad fuera titular de un régimen de contratación excepcional”; sin embargo, esta facultad la incluyó el Gobierno al momento de crear el Invir.
De acuerdo con la Corte, la aplicación de las facultades extraordinarias debe sujetarse estrictamente a lo autorizado por el Congreso cuando las concede, so pena de incurrir el Presidente de la República en extralimitación en el ejercicio de la competencia atribuida en la ley.
Para la Corte “el Presidente de la República debía definir el régimen jurídico aplicable a la nueva entidad. Sin embargo, en la fijación de facultades extraordinarias, el Presidente no hizo mención de la posibilidad de que, en el contexto de dicha definición, pudiera determinar que esa entidad fuera titular de un régimen de contratación excepcional”.
Para el Gobierno esta atribución es una herramienta que permite al Ejecutivo abrir el mercado a nuevos oferentes en la contratación de obras públicas y un motor de la economía popular. Según el Presidente, “contratar con la comunidad los dineros públicos no solo es el empoderamiento de la comunidad en el camino de la democracia participativa que ordena la Constitución, sino que hace ganar en transparencia la contratación y libera al país de odiosos carteles que monopolizan como renta los dineros públicos y degradan por completo el Estado y la política”.
Independiente de la discusión jurídica de si el Presidente debió advertir que el Invir tendría un régimen de contratación excepcional, la decisión de la Corte le pone fin a un mecanismo que, tal como lo advirtieron todos los organismos de control, generaba un alto riesgo de corrupción y como quedó comprobado con el escándalo de los carrotanques de la Guajira, comprados bajo las facultades de contratación directa.
En lo que va corrido del gobierno Petro el 59.5% de los contratos realizados por las entidades públicas del orden nacional, es decir tres de cada cinco, ha sido adjudicado directamente, por un valor que supera los 16 billones, lo que de alguna manera explica los altos niveles de corrupción en esta administración.
Ojala, el fallo de la Corte le ponga tatequieto a la fiesta de la contratación “a dedo” que ha armado la administración Petro y que tiene envuelto al país en un solo escándalo de corrupción.
