No es este un señalamiento menor ni oportunista. La historia de Colombia nos ha enseñado, con dolor, que el lenguaje incendiario puede ser la antesala de la acción violenta.
El atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo es un acto criminal que debe ser condenado con contundencia por todos los sectores del país, sino también una inquietante señal del clima de creciente intolerancia que amenaza las bases de nuestra democracia.
El ataque, por fortuna frustrado, tiene un claro tinte de odio y resentimiento político. No es un hecho aislado ni un episodio fortuito. Es una agresión contra un dirigente de oposición, en medio de un ambiente nacional cada vez más polarizado y más crispado por el discurso que viene utilizando el Jefe del Estado.
El senador Uribe representa una corriente política legítima en Colombia, tiene todo el derecho a aspirar a dirigir los destinos del país y su voz, como la de cualquier otro dirigente político, sea cercano al gobierno o de oposición, debe poder ser oída con libertad, sin temor a represalias y mucho menos a ser silenciada con violencia.
Aquí, resulta ineludible llamar la atención sobre el lenguaje que viene utilizando el presidente Gustavo Petro en sus distintas intervenciones públicas. La narrativa sistemática de confrontación, que estigmatiza a quienes piensan distinto, insulta a sus contradictores, descalifica a la prensa crítica y siembra dudas sobre la legitimidad de las instituciones, alimenta un clima de hostilidad en el que la violencia política encuentra terreno fértil.
Cuando desde la cabeza del Estado se señala a la oposición como enemiga, cuando se dice que la única voz soberana es la del pueblo, cuando se trivializan los llamados al orden institucional o se dice abiertamente que el adversario es una amenaza para el ciudadano; se corre el riesgo de que algunos trasladen esas palabras al plano de los hechos.
No es este un señalamiento menor ni oportunista. La historia de Colombia nos ha enseñado, con dolor, que el lenguaje incendiario puede ser la antesala de la acción violenta. La democracia no solo se protege en las urnas, sino también en el respeto mutuo, en la garantía plena de los derechos de todos los actores políticos y en el rechazo frontal a cualquier forma de intimidación.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el país debe exigir garantías plenas para un debate libre, seguro y transparente. El atentado contra Miguel Uribe debe prender las alarmas y convocar a un compromiso nacional mínimo, la vida, la libertad de pensamiento y la integridad de los candidatos no son negociables. Callar ante estos hechos o relativizarlos sería una traición a la democracia.
Colombia necesita una contienda electoral libre de dudas, segura, franca incluso; pero jamás violenta. Y en esa tarea, todos, empezando por el presidente de la República, tienen una responsabilidad ineludible.
