Solamente con el respaldo de todos se podrá sortear el complejo instante y mantener a flote la economía, la generación de empleo y la confianza en las instituciones.
Sin la presencia de Fenalco se instaló la semana pasada, tal cual como lo establece la Ley, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia que tiene la misión de buscar un acuerdo entre gobierno, trabajadores y sector productivo, de cuál debe ser el porcentaje de aumento del salario mínimo legal que regirá a partir del próximo primero de enero y que beneficiará a cerca de cuatro millones de trabajadores.
Nunca ha sido fácil conciliar unos intereses tan disímiles como el de los empresarios, con su fuerza de trabajo y el de ambos con el que más convenga al país, dado el momento económico, político y social y las expectativas que se tiene en estos y otros campo; pero esta vez lo va a ser especialmente difícil, dadas las difíciles relaciones del Ejecutivo con los gremios de la producción y las condiciones políticas del momento.
El gobierno por boca del propio presidente de la República se anticipó imprudentemente a decir que el aumento debe ser de dos dígitos sin siquiera conocerse la cifra oficial de productividad del actual período y tampoco el dato de inflación de noviembre que es el que debe ser tenido en cuenta para definir el porcentaje de ajuste del salario mínimo legal para el años 2026.
Este anuncio presidencial, seguido de voces oficiales como la del Ministro del Interior quien dijo sin ningún fundamento que el incremento debe ser del 11.87%, fue lo que desató la molestia de Fenalco y la decisión de no participar este año en las reuniones de la Comisión de Concertación Laboral.
El Presidente del importante gremio, manifestó que “el gobierno anuló la concertación” y que una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, elimina de tajo el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral.
Ojalá, ya conocida la cifra de inflación anual de noviembre, dato que es la referencia técnica en la negociación salarial, como la de la productividad laboral por hora trabajada y por persona empleada, el Gobierno tome una decisión que por supuesto preserve el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también garantice la estabilidad económica de quienes son los generadores del empleo.
El país está en un momento que exige comprensión por parte de todos los colombianos, llámense trabajadores, empleadores, o gobierno. Solamente con el respaldo de todos se podrá sortear el complejo instante y mantener a flote la economía, la generación de empleo y la confianza en las instituciones.
Por eso, lo que hoy se pide es comprensión a las organizaciones sindicales, sacrificio a los dirigentes empresariales y sensatez y justicia al gobierno, para que entre todos se logre ese justo punto que satisfaga las aspiraciones de los trabajadores, pero teniendo en cuenta las posibilidades de los empresarios, obviamente sin poner en riesgo las proyecciones económicas del Banco de la República.
