El presidente de la República está llamado a unir, no a dividir. Convocar una consulta popular por fuera del marco constitucional es erosionar la democracia desde sus cimientos.
Sin importar la compleja coyuntura política, económica y social por la que atraviesa el país, el presidente Petro tomó la decisión de seguir avanzando en la convocatoria a una consulta popular al margen de la institucionalidad utilizando atajos abiertamente contrarios a la Constitución Nacional.
El anuncio del Presidente no solo es un acto político temerario, sino la confirmación de la ya reiterada vocación autoritaria de un gobierno que, incapaz de construir consensos democráticos, ha optado por el camino arbitrario y populista. La consulta planteada como un mecanismo para sacar adelante las reformas sociales, es en realidad un desafío frontal al equilibrio de poderes que sostiene la democracia.
La carta constitucional es clara cuando dice que ninguna consulta puede ser convocada de manera unilateral por el Ejecutivo. El único camino legítimo es el Congreso, instancia donde deben discutirse y aprobarse esta clase de iniciativas. Ignorar este procedimiento es, en esencia, desconocer la norma que nos sostiene como nación.
Lo más grave de esto es que la arbitraria decisión del Presidente se haga en medio de la creciente polarización del país, del estallidos de las bombas en todas las regiones del país, de los intentos de quitar del camino a punta de bala a los principales líderes de la oposición y de una muy compleja situación económica y social.
El Presidente en vez de resolver los urgentes problemas de salud, de seguridad en las distintas regiones, de desempleo, del crecimiento de las organizaciones armadas, de la económica y de la pérdida de confianza de los inversionistas, prefiere alimentar un discurso de confrontación permanente con el Congreso, con las Altas Cortes, con los gremios y con los medios de comunicación.
El presidente de la República está llamado a unir, no a dividir. Convocar una consulta popular por fuera del marco constitucional es erosionar la democracia desde sus cimientos. No se trata de ir contra las reformas que mejoran las condiciones de los colombianos, sino de defender el orden institucional. Las reformas sociales son legítimas cuando nacen del consenso, no de la imposición.
En estos momentos es cuando el país exige más serenidad, más tolerancia con el pensar ajeno, más respeto por la institucionalidad. El presidente Petro tiene que entender que no es el dueño del poder, sino su administrador temporal. Colombia no necesita más confrontación, sino diálogo, respeto y acuerdo de voluntades, y esto solo se consigue observando la Constitución y la ley.
