Confiar en la reciprocidad de Nicolás Maduro, mientras en su país persisten la represión, la crisis económica y la migración masiva, es un riesgo enorme para Colombia.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de crear una “zona binacional” en la frontera con Venezuela ha despertado no solo inquietudes sino preocupaciones. Aunque la idea, mirada de lejos, de una mayor integración fronteriza entre dos países con profundas raíces históricas y culturales puede parecer, en principio, razonable, su planteamiento, forma y contexto generan serios cuestionamientos sobre su conveniencia, viabilidad y riesgos.
El mandatario colombiano ha insistido en que esta zona binacional de paz podría convertirse en un motor de desarrollo económico conjunto y en generador de condiciones sociales favorables para las dos naciones; sin embargo, el proyecto carece de claridad institucional, jurídica y operativa.
En este espacio, no hay detalles sobre cómo se gestionaría la soberanía de ambos Estados, quién establecería las normas, qué tipo de autoridad predominaría o cómo se abordarían problemas tan complejos como el contrabando, el narcotráfico o la migración irregular que hoy ya desbordan la capacidad estatal en la región.
En lugar de fortalecer la presencia institucional y la legalidad en la frontera, esta propuesta podría abrir la puerta a una mayor informalidad, opacidad administrativa y, muy fácilmente, a una zona de tolerancia para economías ilegales y los grupos armados que ya operan impunemente a lado y lado de la línea divisoria.
Adicionalmente, se pasa por alto la oscuridad del régimen venezolano, cuya falta de transparencia y respeto por los derechos humanos plantea serias dudas sobre cualquier acuerdo bilateral de largo aliento. Confiar en la reciprocidad de Nicolás Maduro, mientras en su país persisten la represión, la crisis económica y la migración masiva, es un riesgo enorme para Colombia.
Tampoco se puede ignorar el impacto que una zona binacional mal estructurada podría tener sobre la seguridad nacional, los recursos naturales, el comercio legal, la gobernabilidad territorial y el avance y la consolidación de las estructuras criminales que hoy son las que realmente tienen el control sobre buena parte de la zona propuesta.
Lo que debería hacerse es fortalecer las instituciones en la frontera, mejorar la cooperación en seguridad, promover el comercio formal, proteger las comunidades que están en medio de actores ilegales y garantizar derechos a las poblaciones fronterizas, pero sin diluir la soberanía ni improvisar fórmulas ambiguas.
Más que una zona binacional, pues, Colombia necesita una estrategia seria, clara y responsable de desarrollo fronterizo. El Congreso, los expertos, los gobiernos locales y la ciudadanía deben participar de esta discusión, porque lo que está en juego no es un simple experimento político, sino la soberanía y el control de uno de los territorios más sensibles y estratégicos del país.
