Aunque nadie discute la buena intención de la iniciativa, no parece el momento más oportuno para crear un impuesto que en la práctica no lo van a pagar los grandes contratistas.
Sin que se hubieran alcanzado a secar las firmas que sancionaban la Ley 2023 que facultó a las asambleas y a los concejos a establece un nuevo impuesto con destino al deporte, el alcalde Carlos Alberto Maya radicó en el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que crea lo que ha denominado Tasa Pro-Deporte y Recreación.
Al decir de uno de los concejales coautores del proyecto y del propio alcalde Maya, esta iniciativa le permitirá a la Administración recaudar en el presente cuatrienio, cerca de 64.000 millones de pesos que servirán para atender las necesidades en materia de deporte y recreación, así como para fortalecer el compromiso que adquirió Pereira como sede de los Juegos Nacionales del 2023.
Claro que nadie puede discutir las evidentes necesidades que tiene la Ciudad en materia de deportes y recreación, ni la falta de escenarios deportivos adecuados para que los niños y jóvenes puedan practicar el deporte de sus preferencias en vez de ocupar el tiempo libre en actividades que son un riesgo para su salud.; sin embargo, de un lado el momento no parece ser el más adecuado y del otro, el proyecto deja muchas dudas sobre al final quiénes serán los que verdaderamente terminen financiando el deporte.
Establecer un nuevo impuesto en medio de una crisis como la que viven todas las empresas, el comercio y en general todos los pereiranos, y de un desempleo y una desocupación como el que hoy existe, no parece ser lo más apropiado, ni lo mas oportuno, ni lo más sensato, por noble que sea la motivación y su destinación.
Las empresas, los distintos contratistas y los profesionales en todas las ramas, que parecen ser los sujetos pasivos del nuevo impuesto, están hoy bregando a subsistir y a recuperarse de seis o más meses de inactividad total y de endeudarse para poder mantener abiertas sus puertas, y no parecen estar en condiciones de resistir una carga más a esfuerzo.
Ahora, hay muchas dudas sobre quienes son los que terminen pagando el nuevo tributo. Los grandes contratistas, que es la parte gruesa del recaudo, simplemente sumarán el valor del tributo al costo de su contrato, lo que se traducirá en menos obra contratada, o en menor calidad de la obra o del servicio, o, lo que es peor, que ese 2% salga del presupuesto regular, que al final es la plata de todos.
Todo esto significa que la fuente de los nuevos recursos para el deporte y la recreación será seguramente los miles de empleados de los entes territoriales y establecimientos públicos, que son vinculados por contrato y que son la inmensa mayoría; los pequeños contratistas que escasamente están produciendo para no desaparecer y los ciudadanos del común que pagan impuestos.
Aunque nadie discute, pues, la buena intención de la iniciativa, no parece este el momento más oportuno para crear un impuesto que en la práctica no lo va a pagar los grandes contratistas del Municipio, sino los pereiranos comunes y corrientes, o los que sería bien grave, la cantidad y calidad de las obras que se construyan o de los servicios que se contraten.
