Limitar el número de candidaturas que una persona puede respaldar, fortalecer los controles y cerrar el paso a la intermediación comercial, es una forma de devolverle legitimidad al proceso.
El Registrador Nacional del Estado ha anunciado que presentará a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que, entre otras cosas, limite el respaldo que un ciudadano pueda darle a quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República o al Congreso con el aval de un Grupo Significativo de Ciudadanos.
Hoy, una misma persona puede respaldar con su firma a cuantos candidatos quiera, inclusive a todos los que estén aspirando a tener el aval de la Registraduría. El resultado de esta laxitud está a la vista de todos, la entidad tiene que revisar y certificar antes del próximo miércoles la validez de las 28 millones de firmas que presentaron los 22 candidatos presidenciales y las tres millones que entregaron los aspirantes al Senado y a Cámara de Representantes que esperan tener el aval por este procedimiento.
Estas cifras casi que triplican el registro total de firmas que presentaron los candidatos en las elecciones del 2022, e incluso es muy superior al número total de ciudadanos que acudió a las urnas hace cuatro años. Es decir, se presentaron más firmas que personas con verdadera intención de votar, una paradoja que evidencia el vacío que tiene la norma.
Lo grave de esto es que esta incongruencia no solo desnaturaliza el respaldo ciudadano, sino que ha abierto la puerta a prácticas aún más preocupantes. Detrás del aparente entusiasmo democrático se ha montado un negocio de recolección de firmas, operado por empresas y grupos que venden apoyos como si se tratara de mercancía.
Según informes de prensa, estas organizaciones se dedican a recoger la firma de miles de ciudadanos que luego les son ofrecidas a los candidatos que buscan el aval de Grupos Significativos de Ciudadanos, a un costo que oscila entre 1.800 y 2.200 pesos por cada firma válida recolectada.
Esto significa que inscribir una candidatura que requiere mediante este mecanismo mínimo 635.000 firmas válidas, puede costar entre 1.200 y 2.000 millones de pesos, dependiendo del volumen que se quiera presentar. Un mercado millonario que excluye a quienes no tienen recursos y pervierte el espíritu del mecanismo.
Por eso, la iniciativa del Registrador no solo es necesaria, sino urgente. Limitar el número de candidaturas que una persona puede respaldar, fortalecer los controles y cerrar el paso a la intermediación comercial, es una forma de depurar el proceso, devolverle legitimidad y garantizar que las firmas representen un apoyo real, consciente y responsable.
La democracia no se fortalece con cifras infladas ni con avales ficticios. Se fortalece con reglas claras, equitativas y transparentes. Corregir los abusos en la recolección de firmas no es un retroceso; por el contrario, es un paso necesario para recuperar la credibilidad del sistema electoral y para asegurar que quienes lleguen a las urnas lo hagan con un respaldo ciudadano auténtico, no comprado ni multiplicado artificialmente.
