Mientras los guardianes sigan trabajando en las condiciones de desamparo e inseguridad en que están, mientras estén expuestas a las amenazas de los criminales, la situación no va a cambiar.
La seguidilla de asesinatos de integrantes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), siete guardianes en la última semana, y que se suma a otros recientes, confirma lo que todo el mundo sabe y las autoridades no han querido ponerle la atención debida, las cárceles del país están bajo el control de las organizaciones criminales que operan en el país.
En esos sitios las normas no las establecen las autoridades, el control no lo ha hacen los guardianes, los permisos no los otorgan los directivos del Inpec y lo que se puede hacer y tener no lo fija el reglamento carcelario; allí todo lo imponen las estructuras delictivas que a pesar de que sus jefes están condenados y privados de la libertad, siguen delinquiendo desde adentro de las prisiones.
Así lo corrobora cada registro minucioso que las autoridades hacen en los centros carcelarios luego de un hecho grave contra la Institución o contra alguno de sus integrantes. En cada inspección se encuentran decenas de celulares, cientos de tarjetas, armas de toda clase, aparatos de comunicación, estupefacientes, miles de pesos en efectivo y hasta licor.
En lo que va corrido del año, según un informe oficial, se ha encontrado en las pesquisas realizadas, más de 25.000 celulares y cerca de cien mil tarjetas para estos. Solamente en la inspección que se hizo la semana pasada luego del ataque mortal contra uno de los guardianes del Inpec en Calí, se encontraron 800 celulares, droga, dinero en efectivo y varias armas.
Qué hacía todo esto en unos establecimientos donde está prohibido tener aparatos de comunicación, dinero y por supuesto estupefacientes y licor; y donde supuestamente nadie puede entrar llevándolos. Solo se explica que estuvieran allí bajo la amenaza de las mafias internas o con el poder de su dinero; y con la ayuda o la complicidad del personal de guardianes o administrativo de los penales .
En medio de la precariedad en que los funcionarios del Inpec, especialmente los guardianes, realizan sus trabajo, muchas veces en lugares con presencia activa de peligrosas bandas de delincuentes, de la falta de las mínimas condiciones de seguridad y del poder de los criminales que están bajo su vigilancia, les queda fácil a estos, bien con amenazas o con dinero, imponer su ley.
Mientras los guardianes del Inpec sigan trabajando en las condiciones de desamparo y de inseguridad en que lo están haciendo hoy, mientras estas personas e inclusive sus familias estén expuestas sin ninguna protección a las amenazas del poder de los criminales que ellos mismos vigilan, esta situación no va a cambiar.
La más de media docena de muertes violentas sumadas a las más de doscientas amenazas graves a miembros de la institución, son, pues, la notificación clara de que las estructuras criminales no están dispuestas a aceptar que se les toque el poder que manejan desde las cárceles y que el que se oponga a eso sufrirá las consecuencias. El gobierno tiene la palabra.
